El PSOE rechaza que se investigue el escándalo de los cursos de formación

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado que nunca comenta ninguna actuación judicial y ha insistido en que su Gobierno siempre va a colaborar con la justicia y que si se ha cometido algún fraude a la administración, que, cuanto antes, se depuren responsabilidades. Ha señalado además que a ella no le gusta, al igual que a muchos ciudadanos, que algunos comenten los autos o actuaciones judiciales cuando creen que le vienen bien y no lo hagan cuando piensan que le van mal, en referencia a miembros del PP. Se ha mostrado segura de que lo que esperan los andaluces de su presidenta es que actúe siempre con el mismo rasero y vara de medir, de manera que su posición es de "respeto absoluto a la justicia y no comentar nunca ninguna actuación ni ningún auto".

La jueza Mercedes Alaya ordenó ayer a la Guardia Civil que se personase en dependencias de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía para que se le entregara documentación relacionada con los cursos de formación que están siendo investigados por supuestas irregularidades y fraude y ante la tardanza de la administración andaluza en remitirlos. Al mismo tiempo, la magistrada solicitaba al decano de los juzgados sevillanos una habitación para almacenar la documentación que vaya llegando relacionada con este procedimiento, la octava macrocausa que investiga la jueza, famosa por instruir el caso de los ERE fraudulentos.

El pasado verano, Alaya abrió una causa separada de los ERE relativa a supuestos delitos en cursos de formación para el empleo con cargo a la Junta de Andalucía relacionados con UGT y el entramado de empresas del 'conseguidor' Juan Lanzas. La magistrada decretó el secreto de sumario sobre las diligencias por las que realizó un registro general a la sede del sindicato. Luego perdió parte de la investigación a favor del juzgado nueve de Sevilla, que investiga todo lo relacionado con el sindicato UGT y las facturas falsas. Sin embargo, recientemente ha recibido en el reparto de las nuevas investigaciones de la Fiscalía sobre irregularidades en los cursos de formación de la Junta lo relativo a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). En concreto, investiga para concluir si hubo fraude en las subvenciones de los años 2008 y 2009 en los que la citada fundación recibió 45 millones para cursos de formación.

Notificación

Alaya remitió a la Consejería de Educación y Cultura el pasado viernes un requerimiento reclamando una documentación ya solicitada. La administración andaluza le puso a su disposición documentos vía telemática, si bien la jueza tuvo que insistir en que proporcionara las claves informáticas para acceder a ella. En este ir y venir de los juzgados a las dependencias de la Junta, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a la jueza Alaya recibieron ayer la orden de ésta de entregar una notificación a la Junta para que se le entregara documentos específicos que no se le habían enviado. Los agentes se personaron por la mañana en el despacho del director general de Formación, Carlos Cañavate, que ya le tenía preparada parte de la documentación. Los agentes ya han empezado a citar como testigos a funcionarios sobre los cursos de formación, según Europa Press.