La Iglesia ordena abrir los archivos de las diócesis a las víctimas de bebés robados

El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha ordenado a todas las diócesis que abran sus archivos para aquellos particulares que reclamen documentos relacionados con supuestos casos de bebés robados. La decisión llega después de que mantuviera ayer una reunión de hora y cuarto con dos representantes de una plataforma de afectados, a los que transmitió su apoyo y la «total» colaboración con la Justicia para aquellos casos que ya se estén investigando.

Blázquez quiso marcar distancias con su antecesor en la jerarquía católica, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y solo dos meses después de llegar al cargo abrió las puertas de su despacho a Mar Soriano y Carmen del Mazo, representantes de la 'Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España. Causa de los niños robados'. Rouco nunca les recibió a pesar de que lo habían solicitado.

El presidente de los obispos se mostró de acuerdo en que las personas que tengan dudas sobre la posible sustracción de sus hijos en un hospital o clínica privada, o las familias que busquen a sus allegados, puedan acudir a su diócesis para solicitar las partidas de bautismo o de defunción, por ejemplo, del afectado. Así se lo confirmó Blázquez a las dos representantes, según señalaron ambas a la salida de la reunión.

El presidente de los prelados también garantizó que en caso de que algún obispado o arzobispado no colabore con los particulares, la Conferencia Episcopal intervendrá para facilitar su solicitud. «Que los denunciantes traten de hablar con los obispos y expongan su caso y los documentos que necesiten para cotejar sus sospechas. En caso contrario que se pongan en contacto con la Conferencia Episcopal o con la plataforma», señaló Mar Soriano.

«Grave inmoralidad»

La portavoz mostró su confianza en las promesas de Blázquez, «que se ha mostrado cercano con estos casos de bebés robados que le han producido una gran indignación y engaño», manifestó. Asimismo, Soriano aseguró que el religioso les había reconocido «que no puede permitirse» que estas denuncias se queden en nada y animó a la Justicia para que investigue los hechos con mayor rapidez, ya que hasta la fecha «va muy lenta».

La Conferencia Episcopal reiteró en un comunicado que la Iglesia Católica va a colaborar con la Justicia «en la medida en que sea posible» y continuará escuchando a las familias de los afectados. De la misma forma, expresó su «rechazo a la grave inmoralidad que supone que a unos padres les arrebaten a su hijo sin su consentimiento» y «comparte el dolor y el sufrimiento de todos los afectados».

No obstante, el máximo responsable de los obispos españoles señaló que es «injusto extender una sombra de sospecha sobre cualquier colectivo en general por la presunta actuación inadecuada de alguno de sus miembros», en velada referencia a los casos judiciales en los que han estado implicados religiosos como la monja Sor María Gómez Valbuena, de la Hermanas de la Caridad, fallecida en enero de 2013, cuando estaba imputada en dos procedimientos en Madrid.

En la oficina de atención a las víctimas de casos de 'bebés robados', dependiente del Ministerio de Justicia, se han formulado hasta la fecha 604 consultas y los afectados han aportado 232 perfiles genéticos. Estos han sido introducidos a una base de datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, pero todavía no han dado lugar a compatibilidades y, por ende, a reencuentros.