González Cabaña niega haber influido en el reparto de ayudas a empresas

El expresidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, hizo ayer de la declaración de un testigo en una causa penal, uno de los momentos que más expectación ha generado a lo largo de la instrucción del 'caso Bahía Competitiva'. Un asunto que investiga el fraude en ayudas a la reindustrialización de esta zona del país, que acabaron presuntamente en los bolsillos de un grupo de empresarios. El socialista había sido citado por la jueza instructora Lourdes del Río después de que, al menos, dos imputados lo señalaran como el responsable de la aprobación última que se hacía a la lista de proyectos empresariales que obtenían respaldo económico público, desoyendo en algunas ocasiones los criterios de los técnicos. Sin embargo, el astuto político, que dirigió la Diputación durante ocho años y la formación socialista a nivel provincial durante doce, se había esforzado durante los últimos días en reinterpretar la citación de ayer como un acto casi voluntario, que le permitía ofrecer su versión de lo que ha sido un fraude de 21 millones de euros. «Mi declaración ha colmado lo que yo quería. Y yo lo que quería era hablar en sede judicial de lo que conozco del caso Bahía Competitiva», aseguraba González Cabaña casi cinco horas después de haber entrado en los juzgados de San José.

Debía presentarse a las diez de la mañana ante la jueza del Instrucción n º 4 de Cádiz y llegó con unos minutos de antelación. Sin embargo, la comparecencia empezó con unos 40 minutos de retraso. Durante una hora estuvo respondiendo a las preguntas de la magistrada y del fiscal Anticorrupción. Al concluir el representante del Ministerio Público, el testigo solicitó un receso para fumar. La declaración tardaría en reanudarse porque la sala donde se estaba desarrollando el interrogatorio había sido ocupada por otro juez para celebrar juicios rápidos. Pasada la una y media de la tarde, se retomaría la declaración con el turno de las acusaciones y posteriormente alguna defensa hasta las 14.30 horas.

Tranquilidad aparente

Aunque quiso mostrarse muy tranquilo ante los medios que le esperaban a la salida, el contenido de la declaración de González Cabaña se contradice con lo expresado por al menos dos imputados en un aspecto fundamental para probar la connivencia de responsables políticos con los empresarios señalados en la trama. La investigación trata de dilucidar si hubo directrices políticas en la elección de una serie de proyectos empresariales que recibieron ayudas millonarias pero no sacaron adelante ninguna iniciativa generadora de empleo. Dos técnicos que formaban parte de la comisión responsable de esa selección han asegurado ante el juez que no trabajaron de forma independiente y estuvieron sometidos a presiones o a los criterios políticos. Cabaña ayer lo negó una vez más. Una de las dos versiones no dice la verdad: «Me han preguntado si yo alguna vez participé en la toma de decisiones. Rotundamente no, nunca interferí. Y he recordado que estaba bajo juramento cuando lo he afirmado». Preguntado una vez más por una periodista si el destino final de cuantiosas ayudas se decidía bajo directrices estrictamente técnicas, el diputado socialista insistía: «Era una comisión en la que no hemos intervenido los políticos. Eso estaba claro».

La jueza también fue reiterativa a la hora de abordar esta cuestión, sobre todo, indicaron fuentes judiciales, insistió mucho en el problema de concentración y cómo el máximo representante de la Diputación no supo de este obstáculo que debía haber invalidado el listado de ayudas aprobado en la edición de 2011; la última del Plan Bahía antes de que se desmantelara tras estallar el escándalo. Ese año, los técnicos advirtieron que el entramado de empresas del gallego Dávila Ouviña, principal implicado en la trama, estaba concentrando más de un 30% del total de ayudas; algo que no estaba permitido. Pese a que lo advirtieron, según consta en comunicaciones electrónicas, no se remedió y la propuesta final viajó al Ministerio de Industria sin enmendar ese problema de concentración.

Tirando de discurso

González Cabaña, que llevaba «muy bien preparada su declaración» -indicaron fuentes del caso-, le aseguró a la jueza que siempre respetó el criterio de los técnicos, que nunca estuvo al tanto del proceso de concesión de ayudas salvo para alguna presentación ante los medios de comunicación. Y ante la pregunta de la magistrada que le cuestionaba cómo no pudo saber que existía ese problema de concentración ejerciendo la responsabilidad que ejercía, el expresidente de la Diputación tiró de discurso, apelando a su integridad como político, que antepone «los valores éticos y morales». No en pocas ocasiones recurrió a él, como muleta de sus afirmaciones, durante la comparecencia ante la jueza.

Frente a estas continuas negativas, el que fuera técnico del IEDT, Teodoro Clavijo, ha afirmado en varias ocasiones que las baremaciones que realizaba la comisión encargada de estudiar los proyectos empresariales era retocada por responsables superiores. En una de sus comparecencias ante la jueza puso como ejemplo la empresa Alestis, que absorbió a una parte importante de la plantilla despedida con el cierre de Delphi. Aunque esta sociedad está fuera del caso, Clavijo explicó cómo el exgerente del IEDT y también imputado le dijo que debían modificar las puntuaciones para aumentar el respaldo económico hacia ese proyecto aunque los técnicos lo desaconsejaban. Clavijo asegura que su jefe le indicó que había recibido órdenes del presidente y que hablaba de González Cabaña.

La mención al «presidente» no sólo aparece en la declaración de este extécnico; también está en una de las pruebas aportadas en el procedimiento: varios correos electrónicos que cruzaron miembros de la comisión evaluadora. En uno de ellos, la mano derecha de Antonio Perales en la oficina del Plan Bahía, Rosa Rodríguez Cano, le escribe a sus compañeros de comisión para indicarles que los cambios que se realizaran en la baremación de proyectos debían comunicarse al presidente. En octubre, la jueza instructora le preguntó a quién se refería. Pero esta imputada optó por la laguna mental, asegurando que no recordaba si era el máximo representante del IEDT o de la Diputación, aunque en el primer caso no existe presidencia sino una gerencia.

Sí fue más clara al asegurar que la propuesta de proyectos subvencionables que salía de la mesa técnica siempre debía contar con la aprobación de su jefe Antonio Perales y que en cualquier caso, la selección definitiva de empresas se hacía «con carácter político y criterios subjetivos».

El diputado socialista no quiso valorar el por qué de estas declaraciones que contradicen su versión y que son las que han propiciado que ayer tuviera que acudir a los juzgados de San José: «Cada uno es dueño de sus palabras». Llegado a este punto, Cabaña le restó credibilidad y las justificó como parte de la estrategia «de intoxicación» del Partido Popular, personado en la causa. Sostiene que los medios de comunicación sólo tienen como fuente «la versión interesada» de esa formación política; una apreciación que en el caso de este periódico es completamente desacertada: «Ya les gustaría a mi y a ustedes conocer el contenido íntegro de las declaraciones».

El veterano político no perdió la oportunidad, coincidiendo además en campaña electoral, de acusar al PP de «crear mitos» a través de «un juicio paralelo que busca la destrucción del adversario político».