La Junta y el Gobierno central hablarán sobre las competencias municipales

El enfrentamiento entre el Gobierno central y el andaluz por las competencias municipales a raíz de la reforma emprendida por el Ejecutivo de Rajoy entra en una fase inesperada de diálogo. La Junta aprobó ayer un decreto que blinda las atribuciones recogidas en el Estatuto y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que convocará a la comisión mixta entre ambas instituciones para resolver el conflicto planteado. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno, está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso planteado y entre tanto cunde la inseguridad en las corporaciones locales sobre cómo actuar y seguir prestando los servicios encomendados hasta ahora, sobre todo en cuanto a servicios sociales, educación, salud y consumo.

Para resolver estas dudas, el Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto ley por el que 'blinda' 29 grandes bloques de competencias, para lo que se apoya en el Estatuto de autonomía.

Montoro, que asistía en Sevilla a un acto electoral, declaró que el decreto es innecesario y anunció que convocará la comisión mixta Gobierno-Junta para resolver las dudas existentes. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, dijo que lleva quince meses solicitando esta reunión al Gobierno y por eso la llamada del ministro «llega tarde», aunque «bienvenida sea», dijo, si bien matizó que éste no puede arrogarse las competencias que son sólo del Constitucional, al que pidió que «acelere» en dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad, planteado por invasión de competencias.

Valderas explicó tras el Consejo de Gobierno que el decreto aprobado apoya a las corporaciones locales, defiende el municipalismo y el empleo público, persigue evitar disfunciones y duplicidades y quiere resolver las dudas jurídicas que, dijo, se están planteando numerosos secretarios e interventores en las corporaciones andaluzas. De camino, el decreto pretende que ningún ayuntamiento ni diputación andaluces se escude en la indefinición para dejar de prestar servicios. Incluso dijo que Andalucía quiere «evitar el desmantelamiento» de la administración local, que a su juicio la ley acarrea.

El vicepresidente aseguró que este decreto es similar al que han aprobado Castilla-León, Galicia y País Vasco para salvar la situación, por lo que no prevé impugnación por parte del Gobierno central. Asimismo, Valderas destacó que «nace con el consenso del Consejo de Concertación Local y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias». Aunque los alcaldes del PP han rechazado el decreto, Valderas insistió en alegar este respaldo, que dijo que parte de un dictamen de la permanente de este órgano, en el que están representados el PP, PSOE, IU y PA.

Según el decreto aprobado ayer, siguen siendo competencia local las que recoge la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y acota al máximo el concepto de duplicidad, de modo que sólo se dará cuando coincidan las atribuciones de municipios y Junta para el mismo territorio y la misma población. Si no, serán complementarias. Se regulan las llamadas 'competencias impropias' y la adaptación de los convenios firmados entre ambas administraciones, que deberán tener ahora informe de sostenibilidad financiera, por lo que el decreto ley aprobado incluye una cláusula de garantía en el cumplimiento del pago por parte de la Junta, de modo que se autorizará a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias a la comunidad. Valderas valoró en 1.400 millones el dinero que la Junta transfiere a los ayuntamientos por los servicios que prestan y también calculó que con el decreto ley se garantizan más de 40.000 empleos públicos.