Ruz deja en libertad a otros siete narcos sirios por la reforma de la justicia universal

Continúa el goteo de excarcelaciones de narcotraficantes a cuenta de la polémica reforma de la justicia universal. El juez Pablo Ruz acordó ayer el sobreseimiento, archivo y la inmediata puesta en libertad de siete marineros sirios detenidos el pasado abril a bordo de una embarcación en la que se incautaron 16 toneladas de hachís. El barco, con bandera de Tanzania, se encontraba fuera de las aguas territoriales españolas.

El juez ha tenido en cuenta las últimas resoluciones del Pleno de la Sala de lo Penal, según las cuales la jurisdicción española no resulta competente para investigar estas actuaciones. De acuerdo a esta interpretación mayoritaria, que no unánime del Pleno de la Sala, tras la reforma promovida por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardon y que entró en vigor el pasado 15 de marzo, los tribunales españoles no pueden perseguir a narcotraficantes que operen en aguas internacionales, en barcos sin pabellón español, en cuya tripulación no haya ciudadanos españoles y si no se prueba que el destino final de la droga era España.

El de Ruz se trata de un caso análogo a los analizados por el Pleno. Los marineros sirios que ahora quedan en libertad fueron detenidos a 22 millas de la isla de Alborán, por lo que el delito habría sido cometido fuera del territorio nacional. La interpretación de la Sala «vincula» ahora a Ruz para acordar el sobreseimiento y libertad de los siete marineros del 'Aseel', que portaban la droga escondida entre sacos de pienso para animales.

Sin freno

Con las excarcelaciones de ayer son ya 43 los narcotraficantes extranjeros puestos en libertad. La Audiencia Nacional no ha frenado las puestas en libertad a pesar de que la Fiscalía anunció el 8 de mayo al tribunal que presentará un recurso de casación contra la decisión del Pleno del 28 de abril, que acordó la puesta en libertad de trece narcos egipcios, pero que en realidad fijó las bases jurídicas para las salidas de la cárcel de otros narcotraficantes en cascada.

La Fiscalía desde el inicio ha sostenido que la interpretación que hace la Audiencia Nacional sobre la reforma de la justicia universal es contraria a los tratados internacionales suscritos por España, en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Todos esos acuerdos, sostiene el Ministerio Público, obligan a las autoridades españolas a combatir por todos los medios el tráfico de estupefacientes por mar.

Además, Antidroga, en otro de sus recursos presentados ante la Audiencia Nacional, defendió que la «voluntad» real del legislador era poder perseguir estos delitos aunque no tuvieran conexión con España. Algo parecido a lo que piensan los tres jueces discordantes con la mayoría del Pleno del tribunal, que sostienen que una confusión gramatical a la hora de interpretar el apartado del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción universal, es la clave de todo este embrollo.