Exdirectivos de Penedés ven «discriminatorio» no cobrar su 'pensionazo'

Un 'pensionazo' de 31,6 millones a repartir entre cuatro ex altos cargos de Caixa Penedés que, lejos de resultar algo extraordinario, era «normal» e incluso estaba reconocido por contrato. Es lo que defendieron ayer en la Audiencia Nacional, durante la primera sesión del juicio donde se enfrentan a penas de hasta tres años y medio de cárcel por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Es más, alegaron que de no haber suscrito las polizas y los planes de pensiones que les garantizaban tales ingresos a su jubilación «se hubiera incurrido en una clara discriminación» respecto al conjunto de la plantilla. Así lo declaró a preguntas del juez central de instrucción, José María Vázquez Honrubia, el ex director general adjunto de la que fue tercera caja de ahorros catalana, Santiago José Abella.

Abella señaló que dichas jubilaciones, aunque elevadas -si bien 'sólo' llegaron a cobrar 15,1 millones-, «eran legales». El contrato de alta dirección que firmó -al igual que sostuvieron los otros tres acusados en sus casos respectivos- «decía con total claridad que tenía derecho a prejubilarme y que cobraría el 90% de mi retribución fija hasta los 65 años». Y lo hizo. Desde enero de 2007, cuando contaba con 61 años, «estoy felizmente jubilado», sentenció.

La tesis de Abella, secundada por sus compañeros de banquillo, fue la siguiente: si «el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza, no consolidar los derechos de los directivos de la misma forma hubiera supuesto que ellos tuvieran todos los derechos y nosotros cuatro sólo un trozo». Su 'pedazo' reconocido consistió en 5,7 millones, frente a los 11,6 del ex director general Ricad Pages, los 4,8 del antiguo directivo Joan Caellas y los 6,1 del también ex director general Manuel Troyano.