Una juez remite al Supremo el 'caso Tomares' por estar aforado el senador del PP José Luis Sanz

La jueza de instrucción del número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha elevado al Tribunal Supremo el 'caso Tomares' por si pudiera haber indicios de la participación del dirigente del PP José Luis Sanz, que al ser senador por la Comunidad autónoma está aforado, según ha conocido este periódico de fuentes judiciales.

Sanz, exsecretario general del PP andaluz, es alcalde del municipio sevillano, en el que la jueza investiga la supuesta contratación irregular de trabajos municipales al actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, antes de serlo en el pasado mandato.

La investigación se inició por la denuncia de la Fiscalía contra el citado concejal y los también ediles del Partido Popular Eloy Carmona, portavoz municipal, y Carmen Fuentes, concejala de Cultura, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación por una supuesta contratación irregular. También está imputada la concejala de Urbanismo, Pilar Domínguez.

Según la denuncia elevada a la Fiscalía por ediles de IU y PA en Tomares, el Ayuntamiento pagó informes sobre los servicios de limpieza a Campos de apenas dos o tres líneas de comentarios y elaborados con posterioridad al cobro. Según la denuncia, el ahora edil de Medio Ambiente pudo haber cobrado 50.000 euros de forma irregular entre los años 2007 y 2009. Los contratos llevan la firma de José Luis Sanz como alcalde.

El Gobierno de Sanz negó irregularidades en la contratación de los trabajos de Campos y aseguró que estos iban acompañados de hasta 200 fotografías. El propio José Luis Sanz defendió la inocencia de sus concejales cuando fueron acusados por la Fiscalía y también la rectitud del procedimiento por el que se contrató al que ahora es su concejal en el anterior mandato. Campos iba en la lista del PP, pero al no salir elegido entró a trabajar entonces como asesor municipal.

El 'caso Tomares' estalló el pasado enero en pleno proceso de elección del nuevo líder del PP andaluz, para el que se postulaba José Luis Sanz. Este siguió defendiendo la legalidad de la contratación y aseguró en una comparecencia ante los periodistas que la Justicia «pondrá a cada uno en su sitio».

Sanz pudo haberse visto perjudicado en sus aspiraciones a suceder a Juan Ignacio Zoido como presidente del PP andaluz por este caso, aunque en el PP siempre han negado esta circunstancia.