El Gobierno estudia una reforma para castigar las injurias en la red

Los insultos que se han vertido en las redes sociales contra Isabel Carrasco han llevado a los Ministerios de Justicia e Interior a estudiar una reforma legal para que este tipo de acciones sean perseguidas por la ley. Jorge Fernández Díaz afirmó el martes que la Policía investigaría el origen de los comentarios injuriosos contra la presidenta de la Diputación de León asesinada. Los mensajes de este tipo no están sancionados por el Código Penal por lo que el margen de maniobra contra aquellos que los enviaron es nulo. Ante esta situación el titular del Interior anunció ayer que si los instrumentos legales actuales no son suficientes, se estudiará la manera de contar con herramientas legales adicionales «que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho a los ciudadanos a la intimidad, el honor y a su seguridad».

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar apoyó la iniciativa del Ejecutivo ya que, justificó, las redes no pueden ser un paraíso de la ilegalidad. En cambio, el diputado de IU Gaspar Llamazares mostró su desacuerdo con una posible reforma y acusó a Fernández Díaz de perseguir a sus «enemigos y adversarios» y de buscar en internet a un autor intelectual del asesinato que no existe.

Ayer dimitió una segunda edil del PSOE en Pontevedra. A través de Twitter la concejala instó al presidente de la Diputación provincial a tomar nota de lo ocurrido a su homóloga de León.