Deniegan la posibilidad de asistencia jurídica gratuita al imputado por el desfalco

Hace años que Clemente Ruiz, el exjefe de caja imputado en la causa penal por la pérdida de 7,8 millones de euros del Ayuntamiento de San Fernando, denuncia una precaria situación económica, debido a que se le apartó de sus funciones laborales y a que su familia depende de sus ingresos, mermados tras la decisión del Consistorio. Es por ello que solicitó la asistencia jurídica gratuita.

De hecho, el proceso contable se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva este paso administrativo. La resolución definitiva del Tribunal de Cuentas precisa de los pertinentes recursos de los implicados, aunque para ello antes había que resolver cuál sería el letrado que defendería los derechos de Clemente Ruiz.

Pues bien, ya hay pronunciamiento al respecto y la petición ha sido denegada en un primer momento. Al parecer, se ha producido un problema con la documentación y el exfuncionario municipal pretende alegar contra el dictamen para volver a emprender acciones para solicitar la asistencia jurídica gratuita.

Es por ello que solicitará de nuevo que se paralice el proceso contable, puesto que el Tribunal de Cuentas ya ha notificado a los implicados que cuentan con diez días para presentar sus recursos y poder elaborar la resolución definitiva. Habrá que ver si ahora vuelve a esperar a la acción emprendida por Clemente Ruiz o por el contrario sigue adelante con su tramitación.

Por ello resulta ahora mismo imposible saber en qué momento se resolverá el proceso contable. Hay que recordar que tanto a Clemente Ruiz como a María José Lebrero, la otra compañera en el servicio de caja, se les considera responsables directos, es por ello y atendiendo a lo prescrito que deben abonar el total de los 7,6 millones de euros, más los intereses que se determinen en las costas del proceso.

Pero ambos ya han mostrado en varias ocasiones su insolvencia para poder enfrentarse a tal cantidad. Por lo que es muy probable que los responsables subsidiarios no se salven de hacer frente a las cantidades que se recogen dentro de la sentencia del Tribunal de Cuentas. En esta situación se encuentran los interventores y tesoreros municipales Rafael Monzón (condenado a pagar 29.779 euros), José Antonio López (77.450 euros) y María de las Virtudes Gómez Montero (29.540 euros) por «la falta de control y dejadez en sus funciones». Además de los ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, que deben hacer frente a 29.250 euros.

Todo ello cuando aún se espera que haya novedades en torno a la otra causa abierta, la penal. En este sentido, desde hace años no se hace visible ni un solo avance aunque hace casi un año ya se anunció la posibilidad de que se incrementara el número de imputados, para sumar a la familia de origen marroquí que mantenía un contacto directo con Clemente Ruiz, y también a su esposa. Hace más de cinco años que se produjo el suceso y se continúa sin tener plazo o fecha para su juicio.