LAS SOMBRAS DEL EMPERADOR

A finales de 2010, dos años antes de que estallara el 'caso Emperador', la trama de blanqueo de capitales que investiga la Audiencia Nacional con más de un centenar de imputados, comenzó a difundirse en determinados foros vinculados a la inteligencia una teoría llamada 'China, economía parasitaria'. La tesis era que el modelo chino de expansión, en el que se crean empresas que contratan a sus compatriotas para vender sus productos o servicios como sucede en España, no revertía de forma proporcional en el crecimiento nacional, ya que buena parte de las divisas generadas aquí regresaban al gigante asiático.

«Este sistema permite alimentar los tres billones de dólares que China tiene en reservas, con las que puede comprar el mundo, al tiempo que adquiere con poco riesgo bonos españoles de deuda pública al 5,5% de interés», defendía por aquel entonces el catedrático de Economía, Julián Pavón, ante selectos auditorios.

No fue casual que en esa época el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reforzara su unidad económica, en consonancia con la crisis que comenzaba a vivir España y ante los ataques especulativos que sufría nuestra deuda soberana. Así, el 'parásito chino' pasó a tener un lugar preferente en la agenda de los servicios secretos en detrimento de actividades en decadencia como el terrorismo de ETA. Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación en febrero de 2009 para rastrear el 'modus operandi' de los mayores importadores chinos en España.

De esta búsqueda prospectiva aparecieron dos nombres, los empresarios Dong Feng y Gao Ping, un prolífico hombre de negocios de aspecto impoluto que se codeaba con ministros o se fotografiaba con el Rey. Por orden de sus superiores, el fiscal encargado de las pesquisas fue José Grinda, cuyo nombre apareció en los documentos filtrados por Wikileaks sobre la Embajada de EE UU en Madrid. Según los cables diplomáticos, Grinda mantuvo reuniones en 2008 con expertos de ese país para analizar el papel de las mafias en España.

El acusador y su compañero Juan José Rosa bucearon en la base de datos de la Agencia Tributaria a raíz de unas diligencias previas abiertas en 2010 por un juzgado de Madrid. Los objetivos finales eran Gao Ping y Wen Hai, alias 'Luis Ye', empresario e inversor investigado desde 2007 y que fue detenido cuatro años después en la operación Dragón. Según documentos incluidos en el sumario del 'caso Emperador', los fiscales llegaron a rastrear 16 procedimiento distintos sobre ciudadanos chinos que se tramitaban Valencia, tratando de localizar conexiones con los dos investigados. No hubo resultado.

De forma paralela, la búsqueda de 'parásitos' chinos se extendió a Francia, Italia y Grecia mediante la colaboración de sus servicios secretos. En España, la insistencia de Grinda llevó a varios juzgados de Valencia, Guadalajara o Madrid a abrir diligencias previas y cerrarlas entre marzo de 2010 y febrero de 2012. Este salto de juzgados fue aprovechado por los fiscales para prorrogar sus escuchas telefónicas, ampliar el abanico de implicados y engordar sus pesquisas. Había que estrechar el cerco sobre los 'parásitos' que el CNI puso bajo el foco. Todo por el 'bien nacional'.

Armar el rompecabezas

Los primeros indicios delictivos que se persiguieron fue la falsificación, pero no había conexión aparente con los negocios de Gao Ping, incluido su gusto por la compraventa de obras de arte. Al ver los escasos resultados, los fiscales extendieron la investigación policial a la salida de los aeropuertos de ciudadanos de origen chino, como en Madrid-Barajas, cuyo comisario acaba de ser imputado.

Sin embargo, el nexo definitivo para Grinda llegó en un suceso rocambolesco. Un juzgado de Sigüenza (Guadalajara) investigaba el robo de una furgoneta en la A-2. Era la madrugada del 19 de septiembre de 2009 cuando seis encapuchados armados interceptan el vehículo y se llevan el botín. Sus dos ocupantes chinos, como los atracadores, denunciaron la sustracción de 35.000 euros en género y 5.000 más en metálico. Pero un mes después se presentan en la Brigada de Extranjería de Madrid -su comisario Ángel Luis Olmedo acaba de ser imputado en la causa por cohecho y tráfico de influencias- y elevaron lo sustraído a más de un millón. Dos de los detenidos callaron, pero en 201 deciden colaborar a cambio de su excarcelación.

Los confidentes desmenuzan los negocios de Gao Ping y de otros empresarios chinos. Relatan la salida de grandes cantidades de dinero, del particular sistema de transferencia alejado del control bancario: por carretera o en avión a través de 'mulas' o correos humanos. Y mencionan el uso de la extorsión para resolver deudas, control del juego o la prostitución.

El 16 de octubre de 2012 el titular del Juzgado Central número cuatro, Fernando Andreu, ordenaba una 'macrooperación' en cinco comunidades. Medio millar de policías detuvieron a 83 personas, 58 chinos, 17 españoles y ocho de otras nacionalidades. Se intervinieron más de seis millones de euros en efectivo, 202 vehículos y se embargaron 122 cuentas bancarias personales y 235 sociedades. Después de tres años y medio de investigación prospectiva de Anticorrupción y el CNI, había estallado el 'caso Emperador'. Esa misma mañana, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, felicitó a los mandos que intervinieron en una «histórica» operación. «Un paso muy importante contra la delincuencia organizada que distorsionaba el funcionamiento de nuestra economía», declaró. Un argumento parecido al que años atrás defendía el catedrático Julián Pavón.

Policías en escena

La primera machada judicial llegó un mes más tarde, en noviembre de 2012, con la excarcelación de los supuestos cabecillas de la trama de blanqueo: Gao Ping, su mujer Lizhen Yang, el exjefe de la asociación de bazares chinos Yongping Xia, el empresario YongPing Wu Liu, alias 'Miguel el Calvo', o el supuesto responsable del aparato de extorsión Hai Bo Li. Sin embargo, un error del juez Andreu al superar las 72 horas de detención policial les dejó en libertad.

Con un tremendo enfado, el fiscal Grinda recurrió y puso a la Policía manos a la obra para buscar 'nuevos' indicios contra la trama. Llegaron en abril de 2013, cuando Andreu les mandó de nuevo a prisión con unas polémicas escuchas. De forma paralela, el instructor comenzó a tocar la fibra sensible de la trama, los empresarios y la alta nobleza española imputados por utilizar el sistema de blanqueo asentado en Suiza. En ese grupo aparecieron primas lejanas del Rey o el empresario Patxi Garmendia, entre otros.

Durante ese periodo, el 'caso Emperador' parecía anestesiado, con más de un centenar de imputados y distintas ramificaciones en barbecho. Hasta que un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía llevó a Grinda a pedir la imputación de nueve agentes, tres de ellos comisarios, por sus vínculos con Gao Ping y su competencia con 'Miguel el Calvo'. Los indicios eran de las escuchas intervenidas en 2012.

La batalla policial estaba servida y Grinda, sabedor del efecto de esta bomba retardada, logra que Andreu deje la investigación por su amistad con el comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, implicado por cohecho y prevaricación. A principios de abril se hizo con el caso el juez Moreno, que esta semana ha tomado declaración a los policías.

La teoría del abogado Jacobo Teijelo, defensor de YongPing Xia, es que el informe de Asuntos Internos llega una vez que Andreu acordase la libertad bajo fianza de 300.000 euros a varios imputados, como la mujer de Gao Ping. Esta resolución no agradó a Grinda, que buscaba otra salida para una causa que comenzaba a diluirse como un azucarillo.

Entre tanto, algunos imputados cuentan a sus letrados que una tal María, que se hace pasar por agente del CNI, les ha telefoneado. «Me dijo que si la ayudaba a ella, ella podría ayudarme a mí presentándome a personas que mejorarían mi situación personal [garantizando la libertad]», revela 'Miguel el Calvo'.

El elemento esencial de la irrupción del CNI en este momento, señala Teijelo, obedece a la necesidad de reordenar la investigación. Esta estrategia consistiría en salvar la falta de pruebas mediante el enfrentamiento entre imputados, forzar la sentencia de conformidad que evite el juicio y sancionar a determinados policías «no colaboradores», como los comisarios Salamanca y Olmedo, responsables del aeropuerto de Barajas y de la Brigada de Extranjería. El fin último, asegura el abogado, consiste en «podar» el procedimiento para centrarse en el núcleo duro de origen chino, despejando el camino a los empresarios y la alta nobleza española acusada.

«Todo ello pone de manifiesto la incompatibilidad entre los objetivos de un servicio de espías y el procedimiento penal en un estado democrático», concluye Teijelo.