Imputan a tres altos cargos por el accidente del metro de Valencia que causó 43 muertes
La misma juez que archivó la causa en 2007 les encausa ahora después de que la Audiencia de Valencia ordenará reabrir la investigación
MADRID. Actualizado: GuardarLa juez de Instrucción Nieves Molina ha llamado a declarar en calidad de imputados a tres altos cargos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en el proceso que se sigue por el accidente de metro que en 2006 causó 43 muertes.
Los encausados son el director de Explotación, Vicente Contreras; el director técnico, Francisco García; y el jefe de la dirección de Estudios y Proyectos, Francisco Orts. Los tres participaron en 1999 en el proyecto de colocación de las balizas de control de velocidad y frenado en la línea 1 del metro de Valencia, en la que se produjo el accidente. Se da la circunstancia de que la magistrada es la misma que en 2007 archivó la causa. Entonces, Molina ordenó la «extinción de la responsabilidad penal» al considerar único responsable del descarrilamiento al conductor del convoy, fallecido en el accidente. No obstante, el pasado enero la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al considerar que existían nuevas pruebas.
La juez decidió las imputaciones, las primeras en el proceso, como respuesta al recurso presentado por el abogado de una de las víctimas. El letrado solicitó el pasado febrero la imputación de cinco empleados de FGV y de un enlace de la empresa Siemens, fabricante de las balizas que se instalaron en la línea 1. A su escrito se sumaron la Fiscalía y el resto de las partes personadas, con la excepción de la Generalitat Valenciana, que se opuso.
En el recurso, se considera que «existió un error de programación y planificación de las balizas, que fue determinante en el descarrilamiento». Este argumento se fundamenta en la declaración de una perito que señaló que una de las balizas, la 1680, podría haberse programado para frenar un tren en caso de que este superara los 60 kilómetros por hora, cosa que no se hizo. El convoy descarriló a más de 75,96 kilómetros por hora en una curva en el que el límite era de 40. La testigo también valoró que la seguridad del trazado requería de la colocación de otra baliza adicional.
Cumple órdenes
La instructora ha estimado parcialmente el recurso al admitir tres de las seis imputaciones solicitadas. Lo hace, además, con matices. En el auto hecho público ayer valora que en lo que respecta a las balizas «las cuestiones que plantea el recurrente fueron en su día abordadas y resueltas, aún cuando se puedan plantear nuevas hipótesis sobre cómo se podría haber evitado el trágico suceso».
La juez precisa asimismo a que a raíz de que la Audiencia de Valencia ordenara reabrir el caso se ve obligada a cumplir con la orden de reclamar a FGV que informe sobre las personas que en la fecha del accidente eran responsables de decidir la ubicación y características técnicas y de funcionamiento de las balizas. «Dicha circunstancia lleva a esta juzgadora a entender, salvo que se efectúe una interpretación errónea de la resolución de la Audiencia Provincial, que dicho tribunal entiende que no existe obstáculo procesal para volver a incidir sobre cuestiones debatidas y resueltas relacionadas con la colocación y ubicación de las balizas», argumenta la juez.
La Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio celebró las primeras imputaciones del proceso, en el que hasta ahora se había considerado como único responsable al conductor del metro sin atender a las supuestas responsabilidades por las deficiencias del trazado. Mientras, la Generalitat Valenciana mostró su «absoluto respeto» a la decisión judicial. Los diputados del PP han bloqueado desde 2006 todas las iniciativas para crear una comisión de investigación en la cámara autonómica para esclarecer el siniestro.