La persecución de narcos queda pendiente de una «interpretación gramatical»

Tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el presidente Fernando Grande-Marlaska, Concepción Espejel y Ángel Hurtado, defendieron en un voto particular conjunto que los tribunales españoles puedan perseguir a los narcotraficantes extranjeros detenidos en aguas internacionales. Lo justifican en una «interpretación gramatical» de un apartado del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción universal.

Los jueces se dirigieron a la Real Academia Española (RAE) para aclarar las condiciones de la nueva ley. En concreto, la norma establece que los tribunales españoles son competentes cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra una organización internacional que pretenda delinquir en territorio nacional. Defienden que el enunciado de la norma refleja dos supuestos, separados por la conjunción «o», de ahí la «interpretación gramatical» pedida a la RAE.

No obstante, la mayoría de la Sala de lo Penal, trece jueces, defendió que para que la interpretación fuera correcta sería necesaria la presencia de una coma delante de la conjunción «o», que no es el caso. Por lo tanto, sólo podría perseguirse el tráfico de drogas de detenidos extranjeros en aguas internacionales si se demuestra que el grupo criminal pretendía cometer el delito en España.

Excarcelaciones

A raíz de la reforma 29 narcotraficantes han sido ya puestos en libertad. Trece egipcios fueron excarcelados la semana pasada tras ser apresados en el Mar de Alborán con 16 toneladas de hachís. Antes, dos jueces centrales de instrucción, Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, dejaron en libertad a otros 16 extranjeros. Ambos magistrados alegaron que, de acuerdo con los nuevos criterios legales, «no es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento» de la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes en aguas internacionales.

La Fiscalía Antidroga se opone, sin embargo, a las excarcelaciones y defiende la competencia de los tribunales españoles para juzgar a los marineros arrestados en aplicación de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. El Ministerio Público indica que, en su artículo 17, este texto establece «la necesaria cooperación entre los Estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por mar».