Bruselas y el BCE cuestionan la eficacia de la tarifa plana para crear trabajo

España salió de forma limpia del rescate financiero de 41.300 millones de euros, presenta las cifras macroeconómicas más sólidas de la Eurozona, los inversores internacionales vuelven a creer en ella... Pero España, pese a la euforia desatada, continúa estrechamente vigilada por sus acreedores, por unos socios que le prestaron esos 41.300 millones en 2012 para salvar al país del abismo y que le exigen más y más. Prohibido relajarse. Una hoja de ruta de estricto control, que se prolongará hasta 2026 bajo la tutela de los hombres de negro de la Comisión Europea y el BCE, y que ha vuelto a evidenciar graves problemas estructurales en el país relacionados, sobre todo, con la «alarmante» tasa de desempleo que sufre. El mensaje es claro: los parches (como la tarifa plana de cotización de 100 euros) no son la solución, hay que atajar el problema desde la raíz, «modernizando los servicios públicos de empleo» y aplicando una política fiscal más favorable a la contratación, rebajando las cotizaciones sociales y subiendo el IVA.

Así consta en el informe de 32 páginas publicado por el equipo del vicepresidente Olli Rehn y que fue elaborado por los expertos bruselenses y del BCE (la tercera pata de la troika; el FMI, ya no participa) tras su visita a Madrid entre el 24 y el 28 de marzo, y el 3 de abril. Se trata del primer informe de la llamada 'Fase de Supervisión Post-Programa'.

El documento elogia la ley de morosidad para facilitar la reestructuración de la deuda de las empresas en problemas, remarca la buena salud del sector financiero español, la caída de la prima de riesgo, la ligera tendencia a la baja del paro, el incipiente repunte del crédito, la «robustez» de las exportaciones, los buenos resultados de una política que le puede llevar en 2015 a crecer al 2,1%, por encima de la Eurozona... ¡Y de Alemania! Cada vez más raciones de zanahoria y zanahoria de la buena, pero los palos siguen siendo duros. Bruselas y Fráncfort piden más ajustes estructurales para cumplir con los objetivos de déficit, aprovechar la tregua de los mercados financieros para cuadrar las cuentas y reducir la preocupante deuda que superará con creces el 100% del PIB, aprobar leyes clave como la de servicios profesionales y, sobre todo, combatir de una vez por todos el «alarmante paro», que seguirá en el 25,5% en 2014 y en el 24% en 2015.

«Reabsorber el elevado número de parados exige aplicar plenamente, vigilar de cerca y reforzar la agenda de reformas estructurales», subrayan los inspectores tras lamentar que «la modernización de los servicios de empleo público sigue retrasándose». «El paro de larga duración y los desajustes en las cualificaciones complican el reto de reducir el paro de forma sustancial a medio plazo», alertan.

Cumplimiento del déficit

Destaca sobremanera cómo cuestionan la 'medida estrella' del Gobierno de implantar una tarifa plana de cotización de 100 euros para los nuevos contratos indefinidos. Bruselas y Fráncfort creen que la primera consecuencia será convertir contratos temporales en fijos, «mientras que su potencial para estimular una creación adicional de empleo es más incierto». Advierten, además, de que esta medida «podría no ser completamente neutra en el presupuesto». De hecho, aunque no llegó a concretarlo, la Comisión cifró el lunes en el 0,1% del PIB el impacto negativo que podría tener tanto esta medida como las devoluciones del llamado 'céntimo sanitario', declarado ilegal.

Pero si el paro es el mal endémico de la economía española, el reto inminente se llama déficit público. El informe admite que este año se cumpliría el 5,8% con holgura, pero que para alcanzar el 4,2% en 2015 y nada menos que el 2,8% en 2016 se «requiere de considerables esfuerzos discrecionales adicionales». Sí, ganarle un par de agujeros al cinturón. Porque Bruselas no se cree eso de la bajada de impuestos y augura un déficit del 6,1% para 2015, año electoral, un ejercicio en el que España deberá ajustarse en otros 19.000 millones.