El Constitucional tumba el euro por receta porque invade competencias del Estado

La Generalitat catalana no podrá aplicar una de las tasas más impopulares que creó durante los años de recortes generalizados. El pleno del Tribunal Constitucional declaró ayer contrario a la Carta Magna el euro por receta que el Gobierno catalán impuso como gravamen para cada medicamento expedido con receta médica. Se espera que la decisión del alto tribunal se repetirá para la Comunidad de Madrid, que también adoptó el euro por receta y que también fue recurrida por el Gobierno.

El Constitucional señala que «el régimen de sostenimiento económico, en lo que respecta a la sanidad, forma parte de la competencia básica del Estado». Recuerda además que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que el Estado «garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos», entre los que se encuentra la sanidad, y que el Sistema Nacional de Salud es «único» y que su financiación se hace con cargo al Fondo de Garantía de Servicios Públicos, un mecanismo que busca asegurar que todos las comunidades autónomas reciben los mismos recursos por habitante. «El euro por receta altera el modelo y penaliza a los catalanes, pues el pago de la tasa es una condición para la dispensación de fármacos», apunta.

La medida no se aplicaba desde hace más de un año, ya que el Constitucional la suspendió de manera cautelar y solo estuvo en vigor entre junio de 2012 y enero de 2013, periodo en el que el Gobierno catalán recaudó unos 47 millones de euros. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, la tasa estaba diseñada para recaudar unos 100 millones anuales y además beneficiaría indirectamente al sistema público de salud, ya que estaba previsto que actuase forma disuasoria y por tanto debía fomentar un consumo responsable y sostenible de medicinas.

El pago del euro, además, no se estableció para todos los casos ni para todos los fármacos. Así, por ejemplo, los productos dietoterapéuticos o los medicamentos con un precio inferior a 1,67 euros estaban al margen del plan, mientras que los pacientes receptores de pensiones no contributivas y los que cobraban la renta mínima de inserción no tenían que hacer frente a la tasa. Además, un mismo usuario sólo tenía que pagar el euro en las 61 primeras recetas que comprara a lo largo de un año para no penalizar a los enfermos crónicos. A partir de la 62, ya no se le cargaba.

Protestas ciudadanas

Los cálculos del Gobierno catalán estimaban que cada ciudadano pagaría una media de 13 euros anuales. La iniciativa estaba enmarcada en la política de ajustes presupuestarios que lleva a cabo el Gobierno catalán desde que en 2010 CiU llegó al Palau de la Generalitat. Su aplicación debía reducirse al periodo de crisis, pero la administración nunca concretó si tenía previsto eliminarla una vez superada la situación económica. La medida generó quejas entre los usuarios y cerca de 40.000 pacientes se negaron a pagar el euro durante el tiempo que estuvo en vigor.

El fallo del Constitucional, en cualquier caso, da una de cal y otra de arena al Gobierno catalán, ya que anula el euro por receta pero avala las tasas judiciales. Según el alto tribunal, cobrar tasas judiciales por la Generalitat es constitucional y descarta que tasas estatales y autonómicas graven lo mismo, ya que la primera no es para medios y personal sino para «el ejercicio de la potestad jurisdiccional», que sí es exclusiva del Estado. La aplicación de este gravamen estaba en suspenso. En cuanto se vuelva a reinstaurar, la Generalitat espera recaudar entre 15 y 20 millones de euros anuales.