La Audiencia respalda a Alaya en la imputación de Álvarez

La Audiencia de Sevilla dio ayer un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya acerca del papel de la Junta de Andalucía en la trama de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. En el auto en el que avala la imputación de la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, apunta que no es «irracional» o «arbitrario» pensar que se empleó el sistema de transferencia de financiación «para propiciar lo que ocurrió», es decir, eludir los controles en la entrega de las ayudas.

Este nuevo auto supone un paso importante en la instrucción ya que apuntala los pasos que hasta ahora ha dado la juez Alaya al señalar las «fundadas sospechas de participación» de Álvarez y otros consejeros del Gobierno autonómico en los hechos delictivos que se investigan. «Es razonable la fundada sospecha surgida en el ánimo de la instructora [.] de que ciertos cargos de relevancia por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal». Eso sí, la Sección Séptima de la Audiencia matiza que no se responsabiliza ni al Parlamento andaluz ni a todo el Ejecutivo regional, solo a aquellos con competencias para la distribución de dichos fondos.

Todo un aviso para el sucesor de Álvarez al frente de las cuentas autonómicas, el expresidente José Antonio Griñán, y los que pasaron por las Consejerías de Hacienda, Economía y Empleo en la pasada década. También, en buena lógica, para quien delegó tales competencias, el expresidente Manuel Chaves.

Pero lo llamativo es que la Audiencia entra en el debate jurídico que desde hace tres años enfrenta a la Junta con la instructora porque que el Ejecutivo autonómico entiende que el sistema de transferencias de financiación es una herramienta legal aprobada cada año por el Parlamento en los Presupuestos de la comunidad. En este sentido, los jueces señalan que «no es irracional pensar» que la instrucción ha permitido detectar, «como poco indiciariamente», que el uso ilegal de los fondos públicos «quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas a través de la Consejería de Empleo».

Un sistema que, recuerdan, se instauró siendo Álvarez consejera de Hacienda, y del que los jueces de la Audiencia no descartan, como sostiene Alaya, que se emplease para eludir los controles. «¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema provocador de una presunta malversación millonaria?», se preguntan los jueces.

Recurso desestimado

Es precisamente la «solidez de tan fundada sospecha» lo que avala la actuación de Alaya, ya que la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General del Estado confirmaron la inadecuación del sistema de transferencia de financiación para la gestión de tales subvenciones y ayudas a empresas.

El auto de la Audiencia, que desestima el recurso de la hoy viceconsejera del Banco Europeo de Inversiones, apoya también la forma en que Álvarez fue incorporada a la causa. Fue imputada en junio de 2013, pero, tras prestar declaración, la Audiencia anuló la decisión y pidió a la juez que motivara mejor sus argumentos y los indicios contra la excministra. Una petición que Alaya atendió en una semana, y volvió a citarla en noviembre.

Así, los jueces consideran que esta segunda imputación se ajusta a derecho, ya que se exponen los supuestos hechos delictivos en los que pudo participar, y que Alaya califica como prevaricación y malversación. Los jueces apuntan que ante la gravedad de los hechos, que no prescriben hasta pasados 15 años, la juez hace bien al citarla como imputada. No obstante, la Audiencia no dice nada sobre la fianza de 29,5 millones de euros impuesta por la juez.