La aplicación de la 'Tasa Tobin' en España y otros nueve países se retrasa a 2016

La entrada en vigor del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), la coloquialmente conocida como 'Tasa Tobin', no se producirá en 2015, como adelantó el ministro español de Economía, Luis de Guindos, hace apenas un mes en Atenas. De hecho, en el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas la semana pasada, cuantifican en 640 millones los ingresos en 2015 por este concepto. Lo hará, finalmente, en enero de 2016, como quedó ayer plasmado en un «acuerdo político» de mínimos -buscaban rubricarlo a toda costa antes de las elecciones del 25 de mayo- que fue respaldado por una decena de países: España, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Estonia, Portugal y Eslovaquia. Eslovenia, en plena crisis política, decidió apartarse 'sine die' del pacto.

De Guindos, en un receso del consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), se mostró visiblemente satisfecho del acuerdo, aclaró que esta decisión «no afecta en nada a la planificación económica del Gobierno ya que el periodo comprendido es hasta 2017», y restó trascendencia al retraso al recordar la complejidad del ITF y la fuerte división que existe entre los Veintiocho, con Reino Unido a la cabeza y con países como Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta muy molestos por utilizar el procedimiento de cooperación reforzada, que permite aprobar legislación europea sin necesidad de que esta se aplique en el conjunto de la UE. «O se hacía así o jamás se aprobaría», justificaron fuentes conocedoras de la negociación. Una forma que por cierto, tampoco gusta a la Comisión.

Sea como fuere, lo cierto es que ya hay un principio de acuerdo que ahora deberá concretarse técnicamente en una directiva que deberá estar lista para finales de año. Porque si hay pacto en lo político, todavía no hay acuerdo en cómo será la tasa, a qué afectará, cómo se gravará... Y mientras esto no se sepa, es materialmente imposible que Moncloa cuantifique cuánto se va a ingresar. Lo recordó ayer De Guindos, que dijo que esos 640 millones recogidos son estimativos y que esa partida es una «suerte de cajón de sastre» donde se incluirán también otro tipo de tasas.

Fuerte división en el Ecofin

El texto consensuado explica que se hará «una implementación progresiva del impuesto» y que «se centrará en el gravamen de acciones y algunos derivados». Pero es tan ambiguo que por ejemplo no menciona cuestiones clave como la cuantía del impuesto o el principio por el que se decidirá quién lo paga: si el de residencia (se gravan operaciones realizadas por personas físicas o jurídicas que residen en los países participantes) o de emisión (se gravan operaciones de títulos emitidos en los países participantes). «Lo lógico es que prime el de emisión», matizó el titular español, que dejó la puerta muy abierta a todo tipo de opciones, aunque sí mostró su rechazo contundente a que en un futuro la deuda pública se vea afectada por el ITF «por ser un activo fundamental».

Bruselas, que en primer momento había propuesto que la tasa grave con el 0,1% las transacciones de acciones y bonos, y con un 0,01% las de derivados, considera que el mejor de los escenarios podría reportar a estos diez países en torno a 35.000 millones. En el caso español, el impacto giraría entre 4.200 y 4.900 millones cuando el ITF esté a pleno rendimiento, algo que no sucederá hasta dentro de varios años. Bruselas ha propuesto que la tasa grave con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos, y con un 0,01% las de derivados. «La tasa será prudente y cauta. No queremos crear un instrumento que sea perjudicial para nadie», recalcó De Guindos.