La Audiencia apoya las tesis de la jueza Alaya contra Magdalena Álvarez

No hubo sorpresas y la Audiencia Provincial de Sevilla respaldó la instrucción de la jueza de instrucción número 6, Mercedes Alaya y mantuvo la imputación de Magdalena Álvarez, ex consejera de Hacienda, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, por presunta malversación y prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos. La sentencia de la sección séptima que desestima el recurso presentado por Álvarez era esperada en medios del caso, que consideraban poco probable un fallo en sentido contrario.

Sin embargo, quienes confiaran en que los magistrados desacreditarían las hipótesis de Alaya quedaron defraudados. La sentencia, de la que ha sido ponente Javier González Fernández, considera que «es innegable» que la instructora ha detectado que «el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas por la Consejería de Empleo» aunque precisa que «sin necesidad de tener que compartirse la totalidad de sus argumentaciones» de Alaya

La sentencia tendrá una indudable trascendencia sobre la situación de los 20 altos cargos de la Junta que también han sido imputados por la «trama política» y sobre los aforados, los dos expresidentes Chaves y Griñán y cinco exconsejeros.

En este sentido, el auto del tribunal llega a mencionar que «es posible» que «ya no le corresponda» a Mercedes Alaya culminar la instrucción del caso, lo que alude a la necesidad de elevarlo al Supremo por la presencia de aforados, como ya han reclamado Anticorrupción y la propia Audiencia.

Fundadas sospechas

La Audiencia de Sevilla había anulado la primera imputación de Alaya sobre la exministra, por considerarla escasamente motivada. La magistrada volvió a formularla y la defensa de Álvarez recurrió de nuevo. Ahora, en un auto contra el que no cabe recurso, entiende que existen «severas por fundadas sospechas de participación» de la ex consejera en el fraude. Por ello, estima que lo adecuado por ajustado a Derecho es citarla de entrada como imputada.

La Audiencia acepta que las transferencias de financiación, que Álvarez introdujo como consejera, ayudaron a empresas en crisis, «pero permitía un amplio margen de discrecionalidad en el otorgamiento», sin sometimiento al procedimiento legalmente establecido para su concesión «a la par que se obstaculizaba su fiscalización previa por la Intervención General de la Junta». Recuerda las objeciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General del Estado, «coincidiendo» ambos informes en que «la finalidad legal de las transferencias de financiación a IFA/IDEA era sólo de la cobertura de pérdidas de esa misma entidad pública, no la concesión de aquel tipo de ayudas».

«Aunque cupiera hablar de la posibilidad de un control 'a posteriori', en la ejecución del gasto, la realidad demostró que de nada sirvió, puesto que el método se mantuvo durante un dilatado periodo de tiempo» pese a que, según declaró el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez , la Intervención «hasta en 15 ocasiones advirtió de irregularidades en la gestión de las subvenciones del programa 31L».

Aunque acepta el argumento de la Junta de que las transferencias estaban incluidas en la Ley de Presupuestos, afirma que «no es irracional o arbitraria la hipótesis» de que «la técnica fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió». «¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria, de unos déficits de financiación de las ayudas del programa 31L», que en 2002 ascendía a 30,27 millones, a 38,22 en 2003, y en 2004 a 93,60 millones?».

Asimismo, el auto establece que los delitos de malversación prescriben a los 15 años.