El juez retrasa el cierre del 'caso Nóos' al reclamar un nuevo informe sobre Urdangarin

¿Pedirá el juez José Castro sentar en el banquillo a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de los delitos fiscales de su marido? La respuesta a la pregunta clave del 'caso Nóos' seguirá sin respuesta unas semanas más porque el magistrado ha decidido atrasar el cierre de la instrucción de este sumario para amarrar aún más las acusaciones contra el yerno del Rey. El instructor ha pedido a la Agencia Tributaria un nuevo informe sobre los supuestos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin, después de que su abogado, Mario Pascual Vives, remitiera el pasado 22 de abril un escrito al juzgado culpando a las empresas que contrataron al marido de Cristina de Borbón de haber sido ellas, y no el imputado, las que cometieron las irregularidades.

En una providencia, Castro da diez días a la Agencia Tributaria para que aclare si lo que sostiene Urdangarin tiene alguna lógica. En su alegato, el marido de la infanta Cristina sostenía que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de Hacienda sobre el fraude de más de 240.000 euros en las declaraciones de IRPF de 2007 y 2008 son falsas. Adujo que en realidad todo se debió a una «negligencia» de sus pagadores en aquellos ejercicios, las seis compañías que le contrataron como consejero o asesor después de que el imputado abandonara el Instituto Nóos por orden de la Zarzuela tras descubrirse en 2006 los primeros concursos amañados e inflados por parte de las administraciones valencianas y balear.

La defensa de Urdangarin sostiene que las firmas Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde «no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración, dejando de practicar la correspondiente retención sobre los presuntos rendimientos abonados», contra lo establecido en el artículo 99.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Para su letrado, Urdagarin no cometió por tanto ilicitud alguna cuando no declaró esos ingresos millonarios como IRPF, sino como trabajos realizados por Aizoon, la empresa inmobiliaria que comparte con la infanta y que jamás tuvo actividad real alguna, como impuesto de sociedades, y por tanto a un tipo impositivo más bajo.

«Corrección»

Ahora Castro pregunta si, a la vista de las alegaciones del yerno del Rey, cabe hacer alguna «corrección» en las cifras supuestamente defraudadas; o si los pagadores, efectivamente, incurrieron en algún tipo de negligencia, como dice el imputado, hasta el punto de eximirle de responsabilidad alguna. En síntesis, reclama a Hacienda que aclare si las explicaciones de Urdangarin culpando de todo a las empresas son plausibles o si se ratifica en sus acusaciones de fraude contra el duque.

Según fuentes judiciales, esta nueva consulta no es baladí. Si realmente las empresas no declararon el 35% de esos pagos al yerno del Rey, habría que recalcular si la cantidad supuestamente defrauda por el imputado llega a los 120.000 euros anuales, que es el mínimo por ejercicio para hablar de delito contra la Hacienda Pública.

El futuro de la infanta indirectamente también depende de la solidez con que Hacienda mantenga sus acusaciones contra Urdangarin por los supuestos fraudes en 2007 y 2008. El magistrado Castro, si no hay cambios de última hora, tiene previsto, una vez convierta estas diligencias previas en procedimiento abreviado, mantener como imputada a Cristina de Borbón precisamente como cooperadora necesaria de su marido en la comisión de esos dos ilícitos. La tesis del instructor es que la presencia de la infanta como socia de Aizoon, empresa a través de la cual se materializaron los dos supuestos delitos fiscales, fue indispensable para cometer el fraude.

Al margen de estos dos delitos fiscales, Urdangarin se enfrenta a un tercero como socio de Nóos y a las acusaciones de prevaricación, malversación de dinero público y falsedad documental. Si se confirman todas estas imputaciones, Anticorrupción tiene intención de reclamar para el duque de Palma hasta 17 años de cárcel, si no media antes un acuerdo extraprocesal.