Anticorrupción investiga un posible amaño en contratos del AVE a Barcelona

Presupuestos hinchados, concursos presuntamente amañados, documentos supuestamente falsificados, posible malversación de dinero público e incluso sin descartar que pudiera haber funcionarios 'comprados' en una parte de las obras del AVE en Cataluña. Son los principales ingredientes de la denominada 'operación Yogui', desatada ayer en Madrid y Barcelona por la Guardia Civil siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción. Una redada que, hasta el momento, se salda con nueve detenidos, entre ellos varios responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la constructora Corsan (grupo Isolux), acusados de malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental por haberse confabulado supuestamente para hinchar en al menos seis millones de euros las obras del tramo próximo a la futura estación de alta velocidad de La Sagrera (Barcelona).

Anticorrupción confirmó que también investiga si el propio concurso en sí por el que se adjudicó en marzo de 2008 a Corsan-Corviam el trazado del AVE entre La Sagrera y el Nus de la Trinitat, por un importe de 67,9 millones, pudo estar amañado desde su génesis.

Según mandos de la Guardia Civil, la investigación comenzó hace un año cuando un competidor de Corsan denunció distintas irregularidades que habrían sido cometidas en varias adjudicaciones del trazado ferroviario de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y la frontera francesa. La mayoría se centraban, en un principio, en la certificación por parte de la sociedad pública ADIF de obras que, en realidad, no se habrían llegado a realizar o, al menos, no en el tamaño declarado. En particular, de grandes movimientos de tierras en una sola jornada, algo «imposible técnica y materialmente», explicaron responsables del operativo.

Tras ocho meses de pesquisas, la Fiscalía judicializó en enero la investigación de la que se hizo cargo la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que acordó 'pinchar' los teléfonos de varios sospechosos. Su resultado habría confirmado luego que la trama de corrupción era mayor de lo estimado en un principio.

Falsificar certificados de obra

A la vista de las pruebas recabadas, la Fiscalía sostiene que hay indicios de que directivos de la empresa contratista «se habrían concertado con cualificados funcionarios públicos de ADIF», y también con «técnicos externos», a fin de «beneficiar» de forma irregular a Corsan, «causando un perjuicio al erario público». De común acuerdo -explica Anticorrupción- se habrían alterado repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en el proyecto, «falseando las ulteriores certificaciones oficiales de obra ejecutada» que después «camuflaban» moviendo cifras entre las diferentes partidas. Pero no solo eso.

La Guardia Civil también trata de determinar si el ente que gestiona las infraestructuras ferroviarias y Corsan cuadraron otros presupuestos presuntamente falsos y, sobre todo, «si la propia adjudicación de la obra (por valor de 68 millones) a la contratista pudiera haber presentado irregularidades».

Entre los detenidos ayer destacan, entre otros: el gerente de infraestructuras de la empresa pública y jefe de las obras del tramo adjudicado a Corsan, Jaime G. L.; el director de Alta Velocidad de la zona Noreste, Rafael R; y un delegado de Corsan en Barcelona, Marino V.

Por ahora, el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil solo ha podido documentar dos supuestos sobornos. Uno de ellos es el presunto pago por parte de la empresa al jefe de obras y a su familia de un viaje de esquí a Aspen, en Colorado, Estados Unidos. Otro sería el presumible abono de una cacería de corzos en un país del Este de Europa. Los funcionarios, además, indagan si el personal de Corsan se benefició a su vez de esos mismos apaños contractuales con obras en sus domicilios privados pagadas con dinero público.