Los querellantes del franquismo impondrán decenas de denuncias en los juzgados ordinarios

El rechazo de la Audiencia Nacional a investigar las supuestas torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad durante el franquismo al considerar que se trata de delitos que han prescrito no será el punto y final para los impulsores de la querella que investiga la Justicia argentina, en virtud del principio de la jurisdicción universal. Los abogados que tramitan la demanda por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas, ultiman una estrategia legal para inundar de querellas los diferentes juzgados ordinarios de todo el país.

La intención es que los órganos territoriales se abran camino e investiguen las torturas policiales, entre otros presuntos delitos, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha descartado porque se trata, a su juicio, de hechos aislados que no tienen vínculos con un delito de lesa humanidad. Es decir, que no fueron organizados, planificados, ni se llevaron a cabo de forma sistemática contra un grupo concreto de la población civil.

En virtud de estos motivos, el auto del tribunal que rechazó el pasado miércoles la extradición a Argentina del exinspector Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', o antes la del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, dejó una puerta abierta que no han desdeñado los querellantes de los abusos del franquismo.

La magistrada ponente del auto, Clara Bayarri, señaló que, «además de la extinción de la responsabilidad penal derivada de la prescripción, existe una causa objetiva de denegación al ser preferente la jurisdicción española atendiendo al principio de territorialidad, al haberse cometido los hechos en este país y sin que conste ejercicio de la acción por parte de los denunciantes ante los tribunales españoles».

Pues bien, esta es la vía que ensayarán los abogados de la querella del franquismo, que ya están evaluando la formulación de denuncias de forma sistemática en los diferentes juzgados territoriales, según ha confirmado el abogado Carlos Slepoy. El esquema consistiría en trasladar las 150 denuncias particulares que se incluyen en la causa general que investiga la juez argentina María Servini a los órganos judiciales españoles.

Hasta la fecha existen testimonios y hechos documentados de desapariciones, secuestros ilegales, asesinatos o torturas, como las imputadas a 'Billy el Niño' o al excapitán Muñecas, en ocho comunidades, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Asturias, Andalucía, País Vasco y Aragón, por lo que será en los juzgados de primera instancia e instrucción de estos territorios donde se presenten las querellas.

«Se trata de ser oído»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya avanzó esta posibilidad en la vista de extradición de Muñecas. El fiscal Pedro Martínez Torrijos se negó a su entrega con criterios idénticos a los de la sala. Sin embargo, puso sobre la mesa la posibilidad de que pudiera ser investigado en un juzgado ordinario español por el principio de la doble incriminación, ya que es un delito de torturas tanto en Argentina como en España.

En el caso del excapitán de la Guardia Civil, está acusado por unos hechos cometidos en 1968 en el cuartel de la localidad guipuzcoana de Zarauz, por lo que el fiscal propuso que el órgano competente sería el juzgado de Azpeitia, cabeza del partido judicial. Allí, el juez procedería a incoar un procedimiento, escuchar a las partes y cerrarlo en caso de que declare prescritos los hechos. «Se trata de ser oído ante un tribunal español y satisfacer este deseo de justicia, tal y como suscribe el tratado de extradición dentro del principio de la tutela judicial efectiva», comentó Martínez Torrijos.

Los querellantes esperan que los jueces y fiscales territoriales muestren una sensibilidad distinta a la de la Audiencia Nacional y abran causas penales. Para ello tienen una lista con más de una docena de querellados, entre políticos y policías del franquismo.

Algunos colectivos, como Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales, ya se han pronunciado a favor de que se investiguen los crímenes del franquismo. Consideran que la doctrina del Supremo que ampara la amnistía de estos delitos, a través de la ley de 1977, no debería orillar el cumplimiento del derecho internacional, las recomendaciones de la ONU o la Convención contra la Tortura.

Además, casi un centenar de ayuntamientos, parlamentos, como el de Asturias, o diputaciones, como la de Guipúzcoa, han aprobado mociones a favor de esta investigación.