Cuatro autonomías gobernadas por el PP dejan sin sueldo a sus diputados

Los 17 parlamentos autonómicos repartidos por la geografía española cuentan con 1.268 diputados que perciben de media un sueldo bruto de 50.000 euros al año. Una cantidad a la que hay que sumar en determinados casos el dinero que perciben los parlamentarios en concepto de ayudas para desplazamientos y manutención. En total, más de 65 millones de euros al año, sólo en sueldos.

La orden del Gobierno central de podar el gasto público en todas las administraciones tuvo una rápida respuesta por parte de Juan Vicente Herrera en Castilla y León y por Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que rebajaron de forma drástica los emolumentos de sus señorías autonómicas. Su ejemplo fue seguido en La Rioja y Baleares, ésta última pendiente de aprobación definitiva, todas ellas gobernadas por el PP. Otras tantas comunidades autónomas estudian propuestas similares, aunque más encaminadas a reducir el número de escaños.

Los defensores de este tipo de ajustes aducen que no se puede pedir sacrificios a los ciudadanos sin dar ejemplo desde la instituciones. Además, abogan por cambiar el perfil del «político profesional» que, a su juicio, ha provocado el aumento de la desafección de los ciudadanos hacia los representantes públicos.

Los detractores de la medida, esencialmente dirigentes de partidos de la oposición, la tachan de demagógica. Rebaten que el verdadero objetivo que persigue el PP es impedir a las clases económicas más débiles acceder a la política que, de esta forma, sólo quedaría reservada para las elites más pudientes.

Cospedal fue la primera en esta legislatura en dar un paso hacia adelante y aprobó el cambio retributivo para los parlamentarios de Castilla-La Mancha. La decisión de dejar sin sueldo a la mayoría de los diputados fue una medida contestada incluso dentro del PP. Ni siquiera contó con un apoyo explícito del Ejecutivo central y recibió críticas de barones regionales de su propio partido. Los parlamentarios castellano-manchegos cobran, desde el 1 de enero de 2013, 955 euros de indemnización mensual fija, 295 euros más si presiden alguna comisión, y 150 de dieta por cada asistencia a un pleno o comisión.

De este modo, dado que cada diputado asiste de media a cuatro sesiones al mes, se calcula que los diputados perciben unos 1.555 euros al mes, frente a los 3.650 euros mensuales que habían cobrado hasta finales de 2012. También se establece que 42 de los 49 miembros de la Cámara regional han dejado de tener dedicación exclusiva, reservada solo para los miembros de la Mesa del Parlamento.

Los diputados no cobran dietas ni kilometraje por reuniones preparatorias o de los grupos parlamentarios ni por desplazamientos dentro de su propia circunscripción y no se puede cobrar más de una dieta al día en el caso de que coincida la celebración de pleno y comisión.

Cien euros de teléfono

Otro ajuste, más simbólico que efectivo, ha sido reducir el gasto de teléfono móvil de sus señorías a cien euros mensuales. El plan puesto en marcha por la secretaria general del PP sí ha calado en otros gobernantes de su partido. José Ramón Bauzá, presidente de Baleares, presentó la semana pasada un proyecto de modificación de la ley electoral que será muy similar a la de Castilla-La Mancha. Todos los diputados se quedarían sin emolumentos fijos y sólo cobrarían dietas, salvo los miembros de la Mesa del Parlamento autonómico y los portavoces y portavoces adjuntos de cada grupo parlamentario, que mantendrían la dedicación exclusiva y el sueldo fijo.

Bauzá calcula un ahorro de 3,9 millones de euros por legislatura a los que habría que añadirle otros siete millones cuando se culmine el recorte de 17 escaños en la Cámara legislativa a partir de la próxima legislatura, que pasará de 59 a 42.

Más consenso ha suscitado en la familia popular la reducción de número de escaños. Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, pretende reducir de 71 a 61 sus escaños. José Antonio Monago apuesta por dejar sólo 45 representantes en la asamblea extremeña, frente a los 65 de la actualidad. La iniciativa más radical fue la que presentó en su día Esperanza Aguirre, que pedía despedir a la mitad de los diputados autonómicos de España, es decir, a 634.