La batalla del porcentaje de voto para lograr representación

Más allá del debate sobre si los diputados autonómicos deben o no percibir un salario fijo al mes e, incluso, por encima del dilema sobre qué número de diputados sería más correcto, la gran batalla que se dirime en varias comunidades es la del porcentaje de voto necesario para lograr representación parlamentaria. Los partidos minoritarios consideran injusta la barrera del 5%, que les deja fuera de casi todos los parlamentos autonómicos, que están copados por PSOE, PP y en menor medida por IU, salvo en las comunidades históricas, País Vasco, Cataluña, Galicia y Navarra. En Extremadura, el popular José Antonio Monago, que gobierna en minoría gracias al apoyo de IU, promete reducirlo del 5% actual a 3% en un claro guiño a su aliado. A cambio, quiere establecer por ley que gobierne el candidato de la lista más votada, es decir, que el presidente extremeño sea elegido por mayoría simple. Si sale adelante esta iniciativa sería el fin de los gobiernos de coalición.

Más controvertida ha resultado la reforma del Estatuto de Castilla-la Mancha, aprobado en el Congreso con el único voto a favor del PP. El nuevo texto fija una reducción del número de diputados de las Cortes autonómicas hasta un intervalo de entre 25 y 35, frente a la horquilla vigente de entre 47 y 59 parlamentarios. Un descenso que, según el senador socialista y alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, «afecta gravemente a la representatividad y a la capacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha para ejercer sus funciones».

Izquierda Unida, que no cuenta con representación en esta cámara regional, denuncia que pasaría de necesitar el 5% de los votos para obtener escaño en cualquiera de las provincias a precisar entre un 14% y un 18%. UPyD habla de «tropelía democrática»

El PP niega que se trata de un «pucherazo electoral» e insiste en que se trata de una medida de austeridad acorde con las que se les ha reclamado a la ciudadanía. Insiste en que quien tenga más votos tendrá más escaños, como pasa en todas las comunidades autónomas.