Un pacto político por el empleo

Los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año colocan a Cádiz en una situación muy complicada. No hay futuro y lo más grave es que la provincia se queda descolgada del resto del país en materia de crecimiento y mejora. Mientras España y Andalucía experimentan tímidas mejorías, la provincia, por el contrario, sigue en caída libre. La EPA ha acentuado la tasa de desempleo en Cádiz hasta colocarla en el 43,2%, la más alta de su historia. Es insostenible. No valen más discursos ni más lamentaciones. El resultado de la radiografía laboral gaditana, con 254.300 personas sin trabajo, obliga a tomar medidas urgentes y contundentes. Se han acabado los anuncios y las proclamas. De lo contrario, la provincia corre el riesgo de convertirse en un gueto laboral. Los agentes sociales de Cádiz han reclamado lo que algunos economistas reivindicaban ayer en las páginas de LA VOZ: un pacto por el empleo. No se trata de un plan puntual para recolocar a parados de larga duración en obras menores de los ayuntamientos y de la Diputación. Al contrario. La provincia demanda un pacto político a gran escala que suponga una actuación preferente en Cádiz y que sirva como gancho para la atracción de inversiones. Este plan debe estar pilotado y consignado presupuestariamente tanto por el Gobierno central como por la Junta. La ambiciosa medida entraña que las administraciones públicas diseñen y controlen de forma escrupulosa una serie de medidas para la reindustrialización de la Bahía. Cádiz no puede depender en exclusiva del sector servicios. Es clave recuperar su tejido industrial para absorber a su población activa. No es fácil, pero el tiempo se ha agotado y es prioritaria la operación.