Suspendido dos años el juez que asesoró a una empresa implicada en el 'caso ITV'

El Tribunal Supremo condenó ayer al juez Joaquín José Ortiz Blasco a dos años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 13.500 euros por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abuso en el ejercicio de su función.

Según la sentencia, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asesoró de forma permanente a la empresa Certio, implicado en el denominado 'caso de las ITV', una trama de sobornos, cohecho y fraude en ayudas públicas derivada del 'caso Campeón' de Galicia.

El tribunal de la Sala de lo Penal, compuesto por siete magistrados, argumentó que el condenado intervino en asuntos que no le competían por razón de su cargo, ya que aconsejó a Certio en la materia sobre la que versaban los recursos contencioso-administrativos que había presentado para una adjudicación pública de la Generalitat. Apelaciones que tenían que ser resueltas por el tribunal que el mismo juez presidía.

La sentencia relata que el magistrado Ortiz intercambió y comentó con ellos de manera continuada información sobre determinadas actuaciones judiciales relacionadas con dichos recursos, envió un modelo al que ajustar la presentación de uno de ellos, habló con su abogado sobre otro y promovió reuniones y encuentros con las letradas de la Generalitat, la administración contra la que Certio litigaba.

Pujol niega todo

En el 'caso de las ITV', que se instruye en Barcelona, declaró ayer como imputado el diputado autonómico de CiU Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán. El acusado aseguró que no pidió «ni directa ni indirectamente ningún importe para beneficiar a una empresa ni para determinar la votación de CiU» en el Parlamento catalán.

Pujol, apartado de manera temporal de los órganos de dirección de Convergència, pudo cometer un delito de cohecho, según la Fiscalía, cuando cobró 30.000 euros, a través de una sociedad de su mujer, de dos de los empresarios imputados en la trama de las ITV, a cambio de su voto en la tramitación en 2008 de una ley que afectaba al sector de las ITV.

El dirigente nacionalista, encausado también por tráfico de influencias en este caso, acusó a los empresarios de haberse «beneficiado» de su nombre. Asimismo, vinculó de manera velada su imputación al momento político que vive Cataluña. Según Pujol, «no es aleatorio» que la causa judicial se esté alargando tanto.