La Audiencia Nacional reitera que las torturas policiales en el franquismo fueron aisladas

«Por más que los ataques descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales no consta que las mismas fueran parte de un ataque sistemático y organizado a un colectivo de la población civil». Por segunda vez en cinco días, un tribunal de la Audiencia Nacional rechazó la extradición a Argentina de un acusado por torturas en el franquismo imputado por una juez de ese país en la querella que se investigan los crímenes cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias tras la dictadura.

Los argumentos del tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel para rechazar la entrega de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', exinspector de la Brigada Político Social de la Policía franquista, mantienen la línea marcada por la Sala de lo Penal; esto es que las torturas policiales fueron hechos aislados cometidos por funcionarios concretos y en ningún caso se enmarcan en un esquema planificado contra un grupo determinado de la población, en este caso los opositores políticos al anterior régimen.

Para justificar su posición la ponente del auto, la magistrada Clara Bayarri, señaló que algunas de las denuncias contra 'Billy el Niño', en concreto 14 actos de torturas cometidos entre 1971 y 1975, «narran detenciones por motivos políticos y otras son víctimas ajenas a la reivindicaciones contra el régimen, tratándose de torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra la carestía de la vida y otras por tratarse de personas que se consideraban próximas a organizaciones terroristas».

Con esta línea argumental, el tribunal rechaza que los hechos investigados tengan conexión con un delito de lesa humanidad, y por tanto se trate de actos delictivos que siguen vivos y no prescriben. Para ello niega que las torturas por las que se reclamaba a González Pacheco guarden relación con los asesinatos y desapariciones forzadas a que se circunscribe en el procedimiento argentino.

Ataques prescritos

Esta visión jurídica, por lo tanto, permite calificar los hechos de forma individual, por lo que su periodo de vigencia está acotado a lo que marcaba el Código Penal vigente cuando se desarrollaron los acontecimientos, en este caso 1973.

Este texto legal del franquismo recogía que los delitos de torturas caducaban a los diez años de su comisión. Y al haber sido denunciados estos hechos en 2010 y 2012, la sala estima que «el periodo de prescripción está ampliamente cumplido», tal y como ocurrió el pasado viernes con el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, reclamado por las torturas que habría sufrido el detenido Andoni Arrizabalaga en Zarautz (Guipúzcoa) en 1968.

'Billy el Niño' compareció el pasado 10 de abril en la Audiencia Nacional para decir que «en absoluto» admitía su entrega a Argentina. Al mismo tiempo pidió que su rostro no fuera grabado por ser objeto de «amenazas y seguimientos». Al ser preguntado si durante los años en que permaneció en el Cuerpo cometió algún delito, contestó: «No lo recuerdo con certeza, quizá algo hace muchos muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados».

El fiscal Pedro Martínez Torrijos se opuso a la entrega alegando que el plazo de prescripción de las torturas imputadas «ha transcurrido con exceso» y que las normas que declararon imprescriptibles los delitos de lesa humanidad no pueden aplicarse retroactivamente.

Según la denuncia que abrió el procedimiento en Argentina, las víctimas de 'Billy el Niño' fueron José María Galante Serrano, Miguel Angel Gómez Álvarez, Andoni Arrizabalaga, Antonia Hernández, Francisca Villar del Sanz, Luis Suárez Carreño, Silvia Carretero, Acacio Puig, Alfredo Rodríguez, Antonio Chapera, Felisa Echegoyen, Francisco José Fernández y Jesús Rodríguez.