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El juez reactiva la investigación al citar como imputada a Marta Meléndez
Responde a la petición del fiscal, basada en un atestado de la Guardia Civil del año pasado, que solicita también la imputación de dos directores de obras
CÁDIZ. Actualizado: GuardarEn mitad de la serie de informaciones que este periódico ha ido publicando en los últimos días sobre la investigación judicial por el desvío de dinero público en el ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos de Cádiz, un nuevo auto judicial del instructor Miguel Ángel López Marchena irrumpía ayer en escena. El magistrado del juzgado nº 2 de Cádiz ha acordado la imputación de la concejala socialista en el Ayuntamiento de la capital, Marta Meléndez, y de dos directores de obras que certificaron trabajos en colegios con un nivel de ejecución por debajo del 40%. Ése es el núcleo de la trama denunciada por la Fiscalía en 2011. En concreto, cómo desde el ente dependiente de la Consejería de Educación se pagaron reformas en colegios de la provincia de Cádiz que bien no se ejecutaron o se realizaron parcialmente. Desde el primer momento fue imputado el que fuera gerente del ISE, Fernando Ameyugo, y los responsables de una empresa de Rota (Contratas y Mantenimiento Pacheco S. L.) a la que se le adjudicaba sistemáticamente los contratos de obras. Las diligencias judiciales han ido avanzando y ya arrastran a una treintena de personas. Desde ayer hay tres personas más en la lista.
El auto judicial responde a la petición del Ministerio Fiscal que pide la comparecencia de Meléndez, Salvador Merino y Diego Gutiérrez en sede judicial. Los tres ya prestaron declaración ante la Guardia Civil pero aún no lo han hecho ante el instructor. En el caso de la última candidata del PSOE a la Alcaldía de Cádiz fue interrogada en la Comandancia el verano pasado. Está siendo investigada por la presunta comisión en los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y cooperación necesaria en malversación de caudales públicos. A los otros dos nuevos implicados, el juez les imputa también la cooperación en la malversación y falsedad en documento oficial por certificar como concluidas reformas inconclusas.
Incremento patrimonial
El juez además ordena que se realice una investigación patrimonial a seis de los imputados, entre ellos Marta Meléndez y otros administradores y técnicos del ISE para determinar si creció su nivel económico de manera injustificada.
La denuncia que formuló la Fiscalía en 2011 apuntaba a un desvío de 3,6 millones de euros. Se basaba en un informe previo de la Agencia Tributaria que había realizado un primer peritaje de las obras que habían sido aprobadas entre 2006-2008. Una de las primeras diligencias que solicitó el instructor fue que la Guardia Civil realizara un segundo peritaje. Esa inspección corroboró que había un desfase gigantesco, pero el Instituto Armado lo cifra en un millón menos: 2.436.024 euros. Si bien, este periódico ha conocido en los últimos días que la investigación policial se ha extendido a los dos últimos años (2009-2010) en los que Fernando Ameyugo ejerció como gerente y mantuvo la misma 'política' de adjudicaciones. La cifra del presunto desvío se duplica al tener en cuenta los expedientes de esos ejercicios.
La Guardia Civil sostiene en su atestado que ocho personas conformarían la trama que participó activamente en el desvío de fondos. A la cabeza estaría el gerente del ISE, quien firmaba los expedientes de adjudicación y presuntamente usó de forma reiterada e injustificada el procedimiento a dedo para que los contratos recayeran en la misma empresa amiga. En un escalón inferior estarían supuestamente técnicos y administradores del ente que validaron documentación de los expedientes irregulares. Y por último, los directores de obra -arquitectos- que certificaban obras ficticias o mal ejecutadas.
A Marta Meléndez, que ejerció de administradora hasta su reciente despido, le imputan que participara en ese sistema de contratación irregular. La prueba serían unos correos electrónicos en los que invitaba a varias empresas a que participaran en las adjudicaciones. La investigación ha revelado que esas sociedades, aunque de nombre distinto, estaban controladas por la misma familia empresaria de Rota. Y que, por tanto, los concursos estaban amañados.