La juez de los ERE avanza que el fin de la investigación está cerca

El final de la instrucción del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, uno de los mayores escándalos de corrupción en la comunidad, está próximo a finalizar, según aventura la propia juez Mercedes Alaya en su último auto. Aunque no es la primera vez que apunta a sus diligencias concluirán «en breve plazo», esta vez la afirmación cobra más sentido debido a la presión cada vez mayor de la Fiscalía Anticorrupción instándola a trocear la causa y elevarla al Tribunal Supremo al entender agotada la investigación.

El augurio de Alaya se produce en respuesta precisamente a la Fiscalía, ante quien la juez defiende la importancia de mantener «la continencia de la causa» en estos momentos, es decir, insiste en no trocearla o mandar la parte de los aforados al Tribunal Supremo. Y vuelve a señalar que se trata de una posibilidad que no descarta una vez «concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo».

En el auto, la juez rechaza además anular las comparecencias de dos empresarios de la comarca Sierra Norte de Sevilla, José Enrique Rosendo y José María Sayago, exconcejales socialistas en el municipio de El Pedroso -donde ejerció de alcalde el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero- que se beneficiaron con 34 millones de los 85 repartidos para toda la comunidad en ayudas directas sin publicidad y, en ocasiones, sin siquiera pedirlas o reunir la documentación necesaria, según la Guardia Civil. Los dos comparecieron ante Alaya ayer y, tras negarse a declarar, quedaron acusados de tres delitos, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La Fiscalía, que ha pedido sendas fianzas civiles de 25,7 millones y la obligación de comparecer cada 15 días, se opuso recientemente a su declaración al entender que la instrucción ya está agotada y debería ser remitida al Tribunal Supremo al haber aforados implicados.

Y es que del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende que el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera (actualmente senador) tuvo una participación «excepcional» en el reparto discrecional de las ayudas, concedidas «por intereses personales» y «afinidades políticas». De hecho, la investigación policial llega a hablar de la existencia de un «concierto previo» entre quienes recibían y quienes concedían las subvenciones en la administración pública.