Gallardón no modificará la ley para frenar la liberación de narcos extranjeros

Alberto Ruiz-Gallardón no tiene intención alguna, según dejó claro ayer en el Congreso, de rectificar la reciente reforma de la jurisdicción universal, que como uno de sus primeros efectos ha provocado la excarcelación de 29 presuntos traficantes de droga extranjeros a los que se disponía a juzgar la Audiencia Nacional.

Las restricciones de esta norma, que se aprobó en una tramitación parlamentaria fulgurante y con el único apoyo del PP, además de provocar el archivo de la mayor parte de las causas que se seguían en España por crímenes de lesa humanidad o genocicidio ocurridos en otros países, han comenzado a dar al traste con buena parte de las operaciones internacionales realizadas por las fuerzas de seguridad españolas en los últimos años contra grandes alijos de droga en altamar.

El cambio legal recorta radicalmente la capacidad de los juzgados españoles para autorizar estas operaciones y ya solo les otorga competencia para perseguir a los narcotraficantes si el barco tiene bandera española o está en aguas de nuestro país, si la tripulación es nacional o si la droga que transporta la red tiene como destino España.

El resultado es que jueces de la Audiencia Nacional se han visto obligados desde la entrada en vigor de la reforma a declararse incompetentes para continuar con el enjuiciamiento de, al menos, tres operaciones y, por lo tanto, han ordenado excarcelar a los 29 detenidos por esas causas. Liberaciones que pueden no ser las últimas porque ya están en estudio otras siete y hay más casos en revisión.

El ministro de Justicia desoyó ayer el aluvión de críticas y exigencias de rectificación de la oposición, defendió la reforma del PP y dijo que lo único que ocurre es que los tribunales españoles están renunciando a unos casos para los que nunca debieron ser competentes.

«No hay inmunidad»

Ruiz-Gallardón rechazó que las excarcelaciones que ha desencadenado el cambio legal impulsado por su Gobierno supongan «impunidad alguna» para los traficantes de droga. Según indicó, lo que ocurrirá ahora con esos sospechosos es que los tendrán que juzgar los tribunales competentes de otros países, lo mismo que, en el futuro, ese tipo de operaciones antidroga en altamar las tendrán que realizar las policías de los estados que estén autorizadas para ello, y no España. Sin embargo, el ministro no aclaró si tiene la seguridad o no de que estos supuestos traficantes liberados en España acabarán ante los tribunales competentes para enjuiciarlos o si, de hecho, estos países tienen intención de iniciar procesos contra ellos.

La oposición al completo no puede tener una visión más diferente de lo ocurrido tras el cambio legal, una situación que, en consonancia con la opinión de algunos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, definió de «escándalo internacional», «chapuza legislativa» y «reforma indecente». Los portavoces de PSOE, IU, UPyD y PNV realizaron intervenciones más o menos vehementes, pero coincidieron en la necesidad de que Gobierno y PP rectifiquen y retoquen de nuevo, y también con urgencia, los artículos que regulan la jurisdicción universal en España, al menos para devolver a la Audiencia Nacional la competencia sobre las redadas antidroga en altamar, frenar la cascada de excarcelaciones y revertir en lo posible las ya acordadas.

IU y UPyD llegaron incluso más lejos y reclamaron a Ruiz-Gallardón que, si no está dispuesto a revertir el daño causado por su reforma legal, presente su dimisión. Gaspar Llamazares entiende que, por culpa de los populares, «España es piedra de escándalo internacional en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción». Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, coincide en que el ministro debería irse por el conjunto de su labor, en la que considera «incomprensible» que «los únicos beneficiarios sean los narcotraficiantes».