El juez busca testigos y grabaciones del incidente vial de Aguirre

El magistrado titular del juzgado de Instrucción 14 de Madrid resolvió ayer como juicio de faltas los hechos denunciados en el atestado de la Comisaría de Centro de la capital el pasado 3 de abril, después del incidente de tráfico protagonizado por la expresidenta de la comunidad Esperanza Aguirre en la Gran Vía madrileña.

El juicio de faltas podría acabar con una multa de diez a sesenta días en caso de que Aguirre sea declarada culpable, mientras que el magistrado descartó abrir la vía penal para juzgar los hechos como delito de desobediencia a los agentes de movilidad que la denunciaron por detener su vehículo en medio del carril bus. Este supuesto hubiera conllevado una pena máxima de hasta un año de prisión, según recoge el Código Penal.

En la resolución, el juez no obstante quiere aclarar los pormenores del incidente de tráfico más allá de lo que recogen los diferentes atestados policiales. Para ello pidió una serie de diligencias antes de celebrar el juicio de faltas. Una decisión curiosa más si cabe porque podría haberla tomado antes de descartar el delito, según apuntaron fuentes judiciales conocedoras de la investigación. El auto fue notificado al fiscal y al resto de las partes personadas en la causa por si quieren interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días.

Además, el magistrado Carlos Valle libró un oficio a la Unidad de Policía Nacional para que realice gestiones a fin de localizar a la camarera de un bar de la plaza del Callao que, al parecer, fue testigo de los hechos. También a otros que pudieran haber presenciado el incidente, ocurrido hacia las 16.00 horas del 3 de abril.

Además, solicitó a la Policía que practique gestiones para determinar si hay grabaciones de lo sucedido por las cámaras públicas y privadas de la zona centro, ya que el vehículo de Aguirre se fugó del control arrollando una moto de los agentes de movilidad y se dirigió a su casa haciendo caso omiso a los agentes que la persiguieron.

Por último, el juez solicitó a los agentes que traten de identificar a la pareja de la Guardia Civil que se encontraba en el domicilio de la denunciada cuando los funcionarios de la policía local le pidieron explicaciones por su fuga y los papeles del coche que Aguirre no entregó. Estos guardias civiles, según los atestados, trataron de llegar a un acuerdo amistoso con los agentes implicados. Pero sin resultado.

Estas diligencias van encaminadas aclarar, entre otros asuntos, la versión que defiende la actual presidente del PP de Madrid, que el miércoles aseguró que tras ser sancionada mostró «absolutamente todos los documentos» y reiteró que los agentes de movilidad «mienten». Una calificación que no cayó muy bien en el ayuntamiento regido por Ana Botella.

El parte redactado por los funcionarios municipales asevera que Aguirre no entregó el permiso de circulación, ni la tarjeta de inspección técnica ni la documentación del seguro obligatorio de su vehículo.