El Supremo lleva al TC la paga extra de los funcionarios

El Tribunal Supremo considera que existen dudas razonables respecto a la inconstitucionalidad de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para los empleados públicos, si bien únicamente respecto al carácter retroactivo de esa polémica medida enmarcada dentro de los sucesivos recortes de gasto aprobados por el Gobierno.

Todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, además del dictamen favorable de la Fiscalía, consideran de forma unánime que «no es admisible constitucionalmente afectar ablatoriamente a retribuciones ya generadas o efectos consolidados respecto de días efectivamente trabajados por el empleado público». Recuerdan que tanto esa paga como otro tipo de retribuciones extraordinarias «constituyen una contraprestación de un trabajo ya realizado» anteriormente.

El artículo 9.3 de la Constitución, recuerda el Supremo, «garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales». Por lo tanto, la supresión de la paga extra sólo podía afectar a los derechos sobre la misma que se generasen a partir de la entrada en vigor de dicha medida (15 de julio), pero nunca antes.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 ya condenó en febrero al Ministerio del Interior a restituirle esa parte de la paga a uno de sus funcionarios. No obstante, deberá ser el Constitucional, al que ya han elevado sendas cuestiones tanto el propio Supremo como la Audiencia Nacional -entre otros órganos- el que resuelva sobre el fondo del asunto en los próximos meses. De momento, CC OO ha instado al Gobierno a negociar para «recuperar los derechos perdidos».