Declaran cuatro imputados por el caso 'Bahía Competitiva'

Semana importante, o al menos interesante, en la instrucción del caso 'Bahía Competitiva'. La jueza, Lourdes del Ríos ha citado hoy declarar como imputados a dos técnicos de la Diputación Provincial, un tercero de la Agencia IDEA y un cuarto del Plan Bahía Competitiva que formaban parte de la comisión de evaluación de los proyectos que optaban a las ayudas del Plan Reindus. Sus nombres, Teodoro Clavijo, Rosa Barreiro, Rosa Rodríguez y Gema Herrera, han salido ya en más de una ocasión durante las declaraciones realizadas desde que empezó esta investigación hace ya casi tres años. El origen de este proceso es el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que ha dado nombre al procedimiento y en el que se han detenido a 31 personas en distintas fases de la investigación.

De especial relevancia será lo que tenga que contar Teodoro Clavijo quien el pasado 30 de enero reconoció ante la jueza que «modificó la baremación de Alestis» para que accediera a subvenciones «por presiones», y apuntó directamente hacia el exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz Teodoro Garrido como responsable de estas «presiones» tras recibir «orden del entonces presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña», algo que el mismo Garrido negó rotundamente. Mucho que ver tendrá el testimonio de Rosa Barreiro, compañera de Teodoro Clavijo en la comisión de evaluación como técnico de la Diputación Provincial pues podrá respaldar la versión de Clavijo o de Garrido.

Por su parte, Gema Herrera, nuera del que fuera consejero de Gobernación en la anterior legislatura, Luis Pizarro, también está llamada hoy a declarar como imputada. La jueza atribuye a la que fuera asesora de la Agencia Idea, cierta responsabilidad a la hora de asignar las millonarias ayudas al empresario Dávila Ouviña. Así, en la investigación figura la posibilidad de que Herrera fuera una de las tres personas que recibiera por email las instrucciones precisas para modificar las baremaciones de las subvenciones y beneficiar así a determinadas empresas.

En su última declaración, Rosa Rodríguez Cano, la representante del Plan Bahía Competitiva, relató el procedimiento para baremar las solicitudes de las empresas para beneficiarse de las ayudas del Ministerio de Industria. Así, señaló que se elaboraba un listado a través de un consenso entre los distintos técnicos pero quen dicho listado podría sufrir algunas variaciones por órdenes de sus responsables.

Declara Angelines Ortiz

Sin duda una de las declaraciones que más interés va a despertar tanto entre los medios de comunicación como en los juzgados es la de la ex delegada de Empleo, Innovación y Ciencia y actual directora de Economía Social de la Junta de Andalucía, Angelines Ortiz. A diferencia del pasado 27 de febrero, esta vez no acudirá como testigo sino como imputada a raíz del conocimiento de la existencia de unos correos electrónicos en el que queda constancia de que Ortiz conocía los cambios en las baremaciones. Es más, en uno de esos email, la por entonces delegada provincial pedía el listado definitivo que se enviaría al Ministerio de Industria para repartir las ayudas. Esto contrasta con lo que declaró como testigo a finales de febrero ante la magistrada a quien le aseguró no haber tenido ningún tipo de responsabilidad en la baremación ni en los resultados.

Junto a Angelines Ortiz, acudirán a declarar como imputadas otras tres personas entre las que se encuentra la actual gerente provincial de la Agencia IDEA en Cádiz, Rosa Mellado, quien según Teodoro Garrido, se comprometió a avisar a Ortiz de la concentración de buena parte de las ayudas del Plan Reindus en una sola persona, la de Dávila Ouviña. La jueza le preguntará si lo hizo o no.

Además están citadas, también como imputadas, la jefa de servicio del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación (IEDT), Adelaida Morales, y María José Valencia, exdiputada provincial del PSOE y exresponsable política del IEDT.