Gallardón cierra la puerta a que la Junta expropie la mezquita de Córdoba

Era una pregunta sobre el pago del IBI por los edificios que la Iglesia católica tiene a su nombre, pero derivó en la polémica por la propiedad de la mezquita-catedral de Córdoba. El diputado de IU José Manuel Mariscal fue ayer el encargado de realizar al ministro de Justicia la cuestión sobre la exención de este gravamen y el mantenimiento de los «privilegios medievales» de la Iglesia sobre esta construcción. Mariscal defendió que el monumento histórico debe ser de propiedad pública. «Treinta euros cuesta hacerse con 23.000 metros cuadrados de una de las mayores joyas arquitectónicas del mundo», indicó al recordar lo que costó registrar la propiedad por primera vez (un proceso conocido como inmatricular).

El procedimiento para poner negro sobre blanco la propiedad de la Mezquita se produjo en marzo de 2006 sin que nadie se opusiera o se diera cuenta. Hasta que hace unos meses, una entidad cívica de Córdoba reclamó a través de una plataforma por internet que la Junta de Andalucía expropiara el templo a la Iglesia. Un objetivo que Alberto Ruiz-Gallardón calificó ayer de «despropósito económico y jurídico», ya que la legislación española exige, entre otros requisitos, que el patrimonio a salvar esté en peligro de destrucción o que haya sufrido un deterioro importante.

El titular de Justicia recordó al senador adscrito al Grupo Mixto que las expropiaciones exigen unas indemnizaciones, que en el caso de la mezquita-catedral cordobesa podrían ser millonarias. «¿Por qué propone usted que le demos a la Iglesia católica esas cantidades ingentes de dinero cuando con 8 euros podemos disfrutar de la mezquita?», preguntó el ministro. Esa cifra es lo que cobra el Cabildo Catedralicio de Córdoba a cada persona que accede el templo. El año pasado hubo 1,2 millones de visitantes (más los cordobeses que lo deseen, que lo hacen gratis) con una recaudación anual que supera los nueve millones. Sin embargo, las arcas públicas no ven ni un céntimo. Los acuerdos entre España y el Vaticano dejaron exentos de esta tasa a las instituciones eclesiásticas.

El destino de este dinero, según explica el Cabildo en el reverso de cada entrada, es la «conservación y restauración del edificio; acciones pastorales, caritativas y asistenciales; aportaciones, donaciones y obras sociales diocesanas; y retribución del personal: culto, vigilancia, limpieza y conservación». No obstante, no se explica el fin concreto de las cantidades, una de las reclamaciones de la 'Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de todos', que cuenta con el apoyo de Norman Foster, José Manuel Caballero Bonald o Antonio Muñoz Molina.

Gallardón también insistió en que con el anteproyecto de la Ley Hipotecaria, la Iglesia se equipara «al resto de la sociedad» y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación. También recordó en la Cámara alta que cuando en marzo de 2006 se registró la mezquita-catedral, nadie se opuso. «Había dos años para reclamar y sus socios de Gobierno (en referencia al PSOE) no reclamaron nada», apuntó Gallardón. Mientras tanto, el Gobierno trabaja en un informe en el que se avala que la titularidad de este Patrimonio de la Humanidad es de la Iglesia, que controla el templo desde 1236.