«Pensé que nunca volvería a mi casa»

Cuesta mucho llegar a ellos, pero es posible. Un año entero de negociaciones con la entidad bancaria es lo que ha supuesto lograr un alquiler social para la chiclanera Manuela Delgado Ponce. Desde que lo firmó el martes tiene las llaves del que considera su hogar, un piso en la barriada de San Carlos, a la entrada de Chiclana, en el que ha vivido durante 31 años.

«No tengo palabras para expresar lo que sentí cuando me devolvieron las llaves de mi casa», reconoce Manuela justo a la salida de la oficina de la entidad bancaria que embargó su vivienda. «Lo primero que voy a hacer es la mudanza para trasladarme cuanto antes», continuó. Aunque en los últimos tres años el piso ha estado vacío, la vecina chiclanera espera encontrarlo en buen estado. «Menos mal que está alto y no se han podido llevar nada por las ventanas, porque ahora todas las casas en desuso son desvalijadas enseguida», expone.

El 3 de marzo de 2011, Manuela Delgado recibió una notificación del banco indicándole que su piso había sido embargado por el impago de un préstamo de 30.000 euros concedido en 2008 y que ella creía haber firmado como avalista. «Me siento engañada porque el banco me dijo que iba a ser avalista de mi hija y al cabo de tres años me entero de que soy la titular, pero ninguna notificación de impago fue dirigida a mí para alertarme de lo que estaba pasando», recuerda.

Aquella notificación le sentó a Manuela como «un jarro de agua fría». El banco le indicaba que debía dejar su vivienda el 22 de marzo, ella lo hizo tres días antes. «En ese momento no había la misma información que ahora sobre estos casos. Yo recogí mis cosas y me fui a otro piso de alquiler».

Después de ese episodio, buscó asesoramiento en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entidad que la ha acompañado a lo largo del proceso que culminó el martes con la firma de un alquiler social para regresar a su piso de la barriada de San Carlos junto al hijo que vive con ella. «Después de 31 años viviendo allí y salir de esa manera, nunca llegué a pensar entonces que podría regresar a mi casa», reconoce Manuela con las llaves ya en la mano.

Un año de negociación y diálogo con la entidad bancaria. El resultado: un alquiler de 170 euros durante dos años, renovable otro más. Ahora, la chiclanera reconoce «no tener miedo a que me puedan volver a echar entonces».

Ahora se plantea el siguiente reto, iniciar los trámites para solicitar la condonación de la deuda de 36.000 euros que ha resultado de los impagos.

El presidente de la PAH de Jerez, Lorenzo Barba, acompañó a Manuela en la firma de su alquiler social. «Nosotros siempre abogamos por los realojos legales, volver de okupa a la casa de la que te han desahuciado es delito penal», explicó. Para ello, reivindicó el «apoyo» de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos «que no están cumpliendo».

Sobre la concesión de alquileres sociales, afirmó que «se están consiguiendo». La actual situación es que existen multitud de viviendas vacías, consecuencia de desahucios. A partir de ahí, «hay entidades bancarias que ponen más facilidades que otras, que son más inflexibles en este aspecto». Lorenzo Barba cree que los bancos «deben asimilar que un alquiler social también es la mejor opción para la cantidad de viviendas que tienen sin uso».