El Parlamento notifica las 'preimputaciones' de Alaya a cuatro exconsejeros de la Junta

El Parlamento notificó ayer a cuatro exconsejeros de la Junta que pueden recoger el oficio por el que la jueza Mercedes Alaya les informa que están señalados en el caso de los ERE fraudulentos. La jueza tramitó este oficio a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo presidente, Lorenzo del Río, remitió el escrito al del Parlamento, Manuel Gracia. El oficio hace referencia al auto del pasado 18 de diciembre en el que Alaya 'preimputa' (término utilizado por la jueza) a los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio, además de a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Todos ellos están aforados al ser diputados, salvo Griñán que es senador. Alaya no tiene potestad para investigarles, pero en base a la ley de Enjuiciamiento criminal sí puede informarles que están inmersos en el caso por si ellos desean de forma voluntaria acudir a declarar y evitar la indefensión.

Alaya, sin embargo, ha tardado siete meses en comunicar a los aforados esta circunstancia, ya que la primera vez que se supo que les señalaba fue en un auto del día 7 de septiembre del pasado año. Tras ser recurrido por la Fiscalía, Alaya reiteró su preimputación en otro auto del día 18 de diciembre. Ambos escritos tuvieron una gran repercusión mediática. Chaves ya ha dicho que solo declarará, si tiene que hacerlo, ante un tribunal superior, es decir ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía tiene recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla la negativa de la jueza a separar en piezas el sumario de los ERE y elevar la parte referida a los aforados al Tribunal Supremo.

La comunicación a través del Supremo y el TSJA de las preimputaciones sucede tras la polémica actuación de la magistrada, que envió dos guardias civiles al Congreso y al Senado para entregar un oficio a los presidentes de ambas cámaras con la notificación a Chaves, Griñán y el exconsejero José Antonio Viera. El presidente del Congreso, Jesús Posadas, y el del Senado, Pío García Escudero, devolvieron las cartas a la jueza al entender que no era el camino adecuado e instándole a que utilizara la vía del Supremo, ya que como jueza de instrucción no tiene potestad para dirigirse a ellos.

Alaya considera que los citados excargos, junto a otra veintena no aforados, son responsables por acción u omisión del procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas sociolaborales y las ayudas a empresas, procedimiento que la magistrada considera que se pergeñó de forma ilegal para escapar al control de la intervención, lo que fue el desencadenante del menoscabo de los fondos públicos.

Sobrecomisiones

Sobre el dinero defraudado ya ha llegado a la jueza el informe de la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, con la conclusión de que se pagaron con cargo al erario público un exceso de 66.155.573 euros en comisiones por encima de la media de mercado entre 2000 y 2011. Dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, recoge entre las irregularidades que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador.

En total, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones; Vitalia 36.228.300 euros; Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis (vinculada a CC OO) 50.918 euros, dice el peritaje.

En un atestado de la Guardia Civil sobre la pista del dinero defraudado, esta calculó las sobrecomisiones en más de 50 millones de euros.