El Constitucional mantiene la suspensión de la ley andaluza antidesahucios

El pleno del Tribunal Constitucional acordó mantener la suspensión cautelar ya decretada el pasado enero sobre la ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como ley antidesahucios.

La resolución cuenta con el voto particular discrepante de cinco de los doce magistrados del pleno, según el auto al que ha tenido acceso este periódico. Hasta que el Constitucional dicte sentencia, quedan por tanto suspendidas las expropiaciones temporales de las viviendas de familias en riesgo de exclusión social en fase final de ser desahuciadas, así como las sanciones a las entidades bancarias con viviendas vacías que no estén alquiladas.

La Junta y el Parlamento rechazaron la suspensión porque podía perjudicar a las 144 familias a las que ya se les había tramitado la expropiación a los bancos de sus viviendas para evitar sus desahucios. También porque con las sanciones a los bancos se trataba de abaratar los alquileres y evitar la especulación.

En su resolución, el TC considera prevalente la normativa estatal sobre desahucios y da la razón al abogado del Estado en que podía perjudicar la reforma financiera emprendida por el Gobierno para sacar a las entidades de la crisis.

El Constitucional considera que los perjuicios a los que alude la Junta quedan «notablemente reducidos porque el Estado también ha dispuesto normas que atienden a esos intereses», en referencia a la ley del pasado mayo que contempla la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentran en especial riesgo de exclusión.

Sin embargo, los magistrados que emiten un voto particular contra la resolución dan la razón a la Junta y al Parlamento al entender que la norma «no puede incidir de forma relevante en el proceso de reestructuración bancario» porque el porcentaje de viviendas vacías que corresponde a la Sareb, o banco malo, es del 1% en Andalucía.

El auto del TC llega cuando se intenta apagar el conflicto entre PSOE e IU por el realojo de familias desahuciadas. La consejera de Fomento, Elena Cortés, lamentó la resolución que, en su opinión, da vía libre a los bancos para la especulación.