El Defensor insiste en que Interior ponga fin a las expulsiones en caliente

Soledad Becerril y su equipo no tiran la toalla con el tema de las expulsiones en caliente de inmigrantes a través de las vallas de Ceuta y, sobre todo, Melilla, a pesar de que el Ministerio del Interior hace caso omiso a los llamamientos del Defensor del Pueblo para que el Gobierno cumpla con la ley.

La institución, esta vez a través de su número dos, el socialista Francisco Fernández Marugán, ha reclamado una vez más al departamento que dirige Jorge Fernández que ordene a la Guardia Civil el cese inmediato de las deportaciones exprés de los subsaharianos que son detenidos en las vallas y que son entregados, a través de las puertas de los perímetros fronterizos a las autoridades marroquíes.

La oficina del Defensor, en respuesta a una queja presentada por la ONG Coordinadora de Barrios tras la repatriación de veinte africanos que se encaramaron al vallado melillense el pasado 3 de abril, insta de nuevo a Interior para que imparta instrucciones precisas a los miembros de la Guardia Civil para que todos los extranjeros que sean detenidos intentando entrar en España sean puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, como establece la ley de Extranjería.

Entregas a la Policía

Fernández Marugan hace un nuevo llamamiento al Gobierno para que «imparta instrucciones a fin de que se recuerde a todos los efectivos que prestan servicio en la frontera de la Ciudad Autónoma de Melilla que, cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España, la respuesta debe ser por parte de la Guardia Civil la puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería».

Hasta ahora todas las quejas del Defensor del Pueblo han caído en saco roto. El pasado 9 de abril, Becerril dejó claro en el Senado que cree que España vulnera la ley de Extranjería y los derechos de los extranjeros cuando permite que los agentes marroquíes se lleven a los subsaharianos encaramados en las vallas o cuando los devuelven los guardias civiles. Un día después, el ministro del Interior minusvaloró e ignoró las críticas y garantizó que la Guardia Civil iba a seguir deportando por su cuenta inmigrantes detenidos en las cercanías de las vallas o recién llegados a las playas de las dos ciudades autónomas porque las vallas y el terreno que hay entre ellas no son territorio español.