Rajoy condiciona el diálogo a que Mas renuncie a la consulta sobre la independencia

El Gobierno no responderá a las llamadas de diálogo lanzadas por Artur Mas desde Cataluña hasta que el presidente de la Generalitat no renuncie al referéndum sobre la independencia, rechazado el martes en el Congreso por el 86% de los diputados. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo dejó claro ayer tras la reunión del Consejo de Ministros. «Que clarifique su posición», exigió. Una vez celebrado el debate sobre la transferencia de las competencias para referendos en la Cámara baja, el Ejecutivo sostiene que debe mover ficha el gobernante autonómico.

Mariano Rajoy siempre aspiró a que el debate del martes sirviera como punto de inflexión para una discusión que lleva más de dos años en escalada contínua. Esperaba que la respuesta «abrumadora» de la Cámara baja sobre la inconstitucionalidad de una consulta ayudara, en palabras de uno de sus asesores, a que CiU «bajara de la nube» para entablar conversaciones sobre asuntos que permitan hacer frente a algo que, sostienen, es un problema entre administraciones y no entre pueblos. Pero ni esa es la lectura de la Generalitat ni parece que vaya a renunciar a su propósito de tomar el pulso a la voluntad de lo ciudadanos catalanes de lograr la independencia. El pulso sigue.

Mas sopesa ahora convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito. Y el Ejecutivo no objeta nada en contra de la legalidad de su propósito solo que deja claro el nulo alcance jurídico de lo que, en principio, prevé el líder nacionalista.«Las elecciones -subrayó Sáenz de Santamaría- son lo que son y están para elegir a los representantes de los ciudadanos». Dicho de otra manera, que no tendrían carácter vinculante sobre cuestiones concretas.

El Ejecutivo se afana así por dejar claro que no hay resquicio posible para una consulta sobre la independencia. «Abandonen toda esperanza», viene a ser el mensaje. Porque incluso la vía de la reforma constitucional, apuntada por el propio Rajoy durante el debate parlamentario del pasado martes, nace muerta porque ni el PP ni el PSOE aprobarían nunca una Constitución que reconozca el derecho de secesión -ninguna Constitución en el mundo lo hace-, y porque, aunque nadie pretendiera ir tan lejos, el Gobierno no tiene ninguna intención de embarcarse en un proceso tan fatigoso.

Mínimo común

«Una reforma de la Constitución -alegó la vicepresidenta- debe ir precedida por un acuerdo político. Para que tenga éxito hay que implicar a un número de actores que se sientan reprensentados en las distintas posiciones y tiene que haber un mínimo común». Su tesis es que ese mínimo común no existe porque las distintas fuerzas políticas que hablan de cambiar la Carta Magna, PSOE, IU y UPyD, plantean cosas diferentes. En realidad, todas coinciden en un aspecto: la apuesta por el federalismo. Pero el PP aduce que no existe suficiente consenso.

En todo caso, la número dos del Gobierno negó que haya faltado por su parte disposición al diálogo. E incluso replicó al llamamiento de Mas, que el miércoles pidió «día y hora» a Rajoy para tener un encuentro, de forma contundente: «Había un día y una hora señalados para hablar con luz y taquífrafos, desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche -dijo en referencia a la sesión parlamentaria del martes- un debate público que habría sido el momento para que Mas explicara sus razones, sus motivos y cómo piensa encauzar y abordar este proceso».

La posición numantina del Ejecutivo vuelve a poner de manifiesto la enorme distancia que separa en este asunto a Rajoy del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. A pesar de la sintonía mostrada en el debate del martes, en el que ambos coincidieron sobre la incongruencia de apelar al derecho de autodeterminación de las antiguas colonias por parte de Cataluña, el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE discrepan sobre cómo abordar esta crisis política. Y el secretario general del PSOE quiere que se note.

Lo hizo el miércoles al protagonizar un debate bronco con el jefe del Ejecutivo y volvió a hacerlo el jueves al pasear en el Congreso, pasillo arriba, pasillo abajo, durante cerca de media hora, junto al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. Podía haber optado por un encuentro en su despacho, como en otras ocasiones, pero prefirió asegurarse de que las cámaras captaban la imagen para después lanzar el mensaje de que al margen de cuestiones jurídicas hay un problema político al que hay que dar respuesta, que pondrá su empeño en abrir un diálogo y que «el tiempo apremia».