Ni los políticos ni la familia del Rey podrán testificar por escrito

Se acabó el privilegio que permitía a los cargos públicos y a todos los miembros de la Familia Real eludir el paso por los tribunales cuando son requeridos para prestar declaración como testigos en el marco de una investigación judicial. El ministro competente, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que la futura ley de enjuiciamiento criminal, en fase aún de anteproyecto, eliminará la posibilidad de que alguno de ellos declare por escrito desde la comodidad de su casa o su despacho.

La idea ya había sido planteada por Unión Progreso y Democracia el pasado mes de diciembre a modo de proposición no de ley. El titular de Justicia recogió ayer el guante durante una interpelación de Rosa Díaz sobre las reformas legales necesarias para combatir la corrupción política. Gallardón habló de tres modificaciones y esta es una de ellas.

En la actualidad, las infantas, el presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes del Congreso y del Senado, los jefes de ejecutivos autonómicos, el presidente del Tribunal Constitucional, el del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado pueden solicitar declarar por escrito sobre hechos que conozcan por razón de su cargo. Y si se tratara de otro tipo de cuestiones -como un asalto presenciado en la calle, por ejemplo- se les toma declaración en su domicilio o despacho oficial.

Caso distinto es el del Rey, la Reina y los Príncipes de Asturias. Ellos, junto con los cargos diplomáticos acreditados en España, son las únicas personas exentas de la obligación de declarar como testigos. Y eso no cambiará. Cabe recordar que, además, la reforma en elaboración del Poder Judicial considerará aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y los Príncipes, hasta ahora sometidos a los tribunales ordinarios en caso de imputación.

El ministro de Justicia adelantó también en el Congreso su intención de modificar otras «perversiones» con las que, dijo, «hemos convivido durante años prácticamente sin darnos cuenta». Entre ellas citó la potestad de los parlamentos autonómicos de elegir una terna a partir de la cual el Consejo General del Poder Judicial designa a los magistrados de los tribunales superiores de justicia encargados de juzgar, como aforados, a los diputados regionales.

Además, se comprometió a prohibir que las personas a las que se les haya abierto un juicio oral por corrupción puedan formar parte de una lista electoral.