Bruselas quiere que los accionistas estipulen el sueldo de sus directivos

Bruselas sigue su particular cruzada legislativa para tapar los muchos agujeros encontrados a lo largo de la peor crisis del último siglo. Una bandera levantada sobre todo por el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, que ayer volvió a escribir en un nuevo capítulo en su libro 'no volver a cometer los errores del pasado'. Quizá se trate de una medida algo populista pero no por ello exenta de sentido. La Comisión propuso ayer una proyecto de directiva que otorga plenos poderes a los accionistas de las 10.000 empresas que cotizan en bolsa en Europa para que puedan decidir cada tres años cuál es la remuneración de sus altos cargos en un intento de vincular el sueldo a las ganancias de la compañía.

«Estas propuestas alentarán a los accionistas a participar más en las cotizadas en las que invierten y a tener una perspectiva a más largo plazo de cara su inversión. Ahora, existe una relación insuficiente entre remuneración y resultados de gestión, lo que fomenta una tendencia perjudicial a las decisiones a corto plazo», ensalzó el comisario francés. Si fructifica finalmente la propuesta, será la primera vez que en Europa se aplica el principio 'say on pay' ('di lo que cobras', por su traducción del inglés).

Una correlación entre lo que gana la firma y lo que ingresa en su cuenta corriente el directivo que ha quedado desvirtuada por completo durante la crisis. Bruselas se apoya en varios ejemplos, como el de España, donde entre 2006 y 2011 la bolsa cayó de media un 40% pero los salarios de los ejecutivos se dispararon el 26%.

Eso sí y a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con los bonus en la banca, Bruselas ha decidido no establecer topes salariales de forma genérica dejando plenos poderes a cada empresa. Es decir, que si los accionistas de una cotizada deciden que su consejero delegado debe cobrar diez millones de euros al año, los cobrará sin que nadie puede oponerse a ello.

Lo que el equipo de Barnier pretende es poner orden y establecer un marco común de actuación que redunde en la mejora de la credibilidad exterior de la UE, bastante tocada tras esta eterna crisis. Fuentes comunitarias que han trabajado en el borrador de la directiva explicaron que en la actualidad, hay diez Estados miembros -Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Suecia, Bélgica, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Letonia y Reino Unido- que ya recogen en sus legislaciones nacionales un voto vinculante de los accionistas a los salarios de sus directivos.

En España, sin embargo, el resultado de la votación no es de obligado cumplimiento, lo que también ocurre en otros países como Italia y la República Checa. La propuesta deberá recibir el plácet tanto de la Eurocámara como del Consejo Europeo, de los Veintiocho.