Torres-Dulce ve «inadmisible» una Fiscalía «teledirigida desde el Gobierno»

Hace una semana Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mostraban en público su excelente sintonía personal durante un desayuno informativo. En cualquier caso, esta afinidad no debería sorprender porque el segundo nombró al primero y tras más de dos años en el cargo la relación entre ambos se mantiene en el terreno de la excelencia. Sin embargo, el fiscal general tiene por costumbre aprovechar cualquier resquicio que le permiten sus comparecencias para dejar caer el mensaje a Ruiz-Gallardón sobre las necesidades de su departamento.

Para Torres-Dulce es urgente la aprobación de un Estatuto de la Fiscalía para dotarla de mayor autonomía e independencia. Se trata de uno de los grandes objetivos de su mandato. El otro, que el fiscal asuma de una vez por todas las instrucciones de los procesos penales, la eterna promesa judicial, como ocurre en la mayoría de los países europeos. Esta posibilidad sufrió un revés con el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentado el pasado viernes por el Gobierno y que mantiene el peso de los jueces instructores. No obstante, la letra gruesa se escribirá en el próximo Código Penal Procesal, la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahí se verá si el ministro de Justicia cumple o no con su palabra.

En esta leve marejada con el Ejecutivo y con Ruiz-Gallardón se mueve en los últimos meses Torres-Dulce, un jurista reconocido por su seriedad y activismo corporativo. Solo desde este contexto se entiende las sonoras palabras que pronunció ayer en un acto junto al ministro y el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Fue en la presentación del Libro Blanco de la Fiscalía, el decálogo de trabajo de los acusadores. Ante un auditorio lleno por compañeros de carrera, el fiscal general exigió al Ejecutivo reforzar la autonomía del Ministerio Público para mantenerlo alejado de la «contienda política» y advirtió con rotundidad de que los ciudadanos ven «inadmisible» una Fiscalía «teledirigida desde el Gobierno, ideologizada o al servicio de concepciones políticas determinadas». Nunca en 35 años de democracia había llegado tan lejos un fiscal general.

«Bien escaso y caro»

Torres-Dulce apostó por un fiscal «servidor de la ley» que cumpla su función desde la «más absoluta imparcialidad» y autonomía. Asimismo, apostó por la instrucción del proceso penal en lugar de los jueces, ya que «de otro modo dilapidaremos un bien escaso y caro», advirtió.

Otro de los puntos fuertes del mensaje de Torres-Dulce fue la «obligación» de que su departamento tenga una relación más directa con los medios de comunicación y con la sociedad, «que tiene derecho a recibir información veraz sobre los sucesos de relevancia penal, respecto de los que ha declarado el Constitucional su interés noticioso».

En su intervención, Ruiz-Gallardón se dio por aludido y respondió que la primera necesidad es modificar la estructura organizativa a través de la nueva Ley del Poder Judicial, después toca el turno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y seguidamente adecuar el Estatuto del Ministerio Fiscal. O sea, la tercera prioridad. Nada dijo, en cambio, de la reclamación de mayor autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno.

El Libro Blanco incluye propuestas como que las fuerzas de seguridad remitan al órgano investigador solo los atestados en los que haya indicios sobre una persona determinada y llevar al ámbito administrativo el tratamiento de las faltas. Ello porque los fiscales asisten a más de 325.000 juicios al año, la mitad de los cuales terminan en absolución.