Las Cortes retornan a Alaya los oficios para Chaves y Griñán

El Congreso y el Senado cegaron ayer el atajo que la juez Mercedes Alaya quería utilizar para tratar de que los expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y su exconsejero Juan Antonio Viera declarasen en el procedimiento de los ERE fraudulentos sin tener que ceder la instrucción de esta parte de la causa al Tribunal Supremo.

La Mesa de la Cámara baja acordó devolver a la magistrada los escritos dirigidos a los diputados Chaves y Viera, unos oficios que la Guardia Civil entregó en su nombre al presidente del Congreso, Jesús Posada. «Parece obvio que este no es el procedimiento, la juez ha utilizado un canal erróneo», comentó el máximo responsable de la cámara.

Los documentos, unos sobres cerrados que no se abrieron, podían contener, según fuentes cercanas al caso, una oferta de la juez a Chaves, Griñán y Viera para que declaren voluntariamente en su juzgado dentro del procedimiento que se instruye por el fraude a la Junta de Andalucía.

Los agentes, vestidos de paisano pero armados, dijeron a los funcionarios del Parlamento que llevaron los escritos a la cámara porque, al parecer, no pudieron localizar a los interesados en sus domicilios particulares. Los empleados firmaron el recibí a los guardias civiles.

La declaración voluntaria es la única fórmula que tiene la juez de preguntar a los dos dirigentes socialistas andaluces sobre la causa porque para escucharlos como imputados debería ceder la instrucción al Supremo, ya que están aforados en ese tribunal por ser parlamentarios nacionales.

Las Mesa del Congreso acordó también reiterar a Alaya, porque ya le hizo la misma observación el año pasado, que no puede enviar escrito oficial alguno al presidente del Congreso ni a ninguno de sus miembros porque el único tribunal que tiene fuero para dirigirse a él es el Supremo.

Posada comunicó la incidencia al presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por si ve necesario tomar alguna medida disciplinaria.

La juez del caso de los ERE hizo en el Senado lo mismo que en el Congreso. Los agentes de la Guardia Civil, al no encontrar al senador Griñán, entregaron el oficio en la Cámara alta. La Mesa del Senado también acordó devolver los documentos a la jueza. El procedimiento «no es el correcto», comentó el presidente de la Cámara alta, Pío García-Escudero, que también informó de los hechos al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.