El Congreso decreta la ilegalidad de la consulta sobre la independencia en Cataluña

El Congreso no ve margen alguno dentro de la Constitución para celebrar una consulta sobre la independencia de una comunidad autónoma. La respuesta ya era sabida. Ahora es oficial. La Cámara baja rechazó ayer tramitar por 299 votos en contra -los del PP, PSOE, UPyD, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria-, 47 a favor y una abstención la propuesta del Parlamento catalán que solicitaba transferir a Cataluña la competencia para convocar un referendum sobre su «futuro político colectivo». «Esto no es algo que podamos resolver el señor Mas y yo, ni siquiera si hubiera venido hoy (por ayer) -dijo el jefe el Ejecutivo en alusión al presidente de la Generalitat-. Aunque tomáramos 500 cafés, seguiría faltándonos lo que no tenemos: la postestad que la Constitución nos niega».

El debate, al que PP y PSOE concedían una enorme trascendencia, permitió escenificar una sintonía plena entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, al menos en lo sustancial. Ambos rehuyeron la confrontación. Ambos apostaron por desgranar de forma didáctica sus argumentos. Y ambos coincidieron en que, voluntades políticas al margen, la vía elegida por las fuerzas secesionistas catalanas para materializar la que, a su juicio, es la voluntad mayoritario del pueblo catalán, implica un troceado de la soberanía nacional que atenta contra la Carta Magna.

«Ni este Gobierno ni las Cortes Generales ni el Parlamento de Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo», dijo el presidente del Gobierno. «Ustedes piden una competencia que el Estado -ratificó el secretario general del PSOE- no tiene». Uno y otro insistieron además en que democracia no es sólo poder votar sino respeto a las leyes, unas leyes que, recordaron, también han contribuido a elaborar los propios catalanes a través de sus representantes elegidos en las urnas.

La contundencia del argumento no pareció hacer mella, aun así, en los partidos que respaldaban de antemano la iniciativa. Y ya lo dejaron claro de antemano los portavoces designados por el Parlamento autonómico para defender su iniciativa. «Venimos en nombre de un pueblo que ha preferido la reafirmación y no la resignación frente a las adversidades», subrayó Jordi Turull, delegado de CiU y encargado de abrir el fuego. «Que nadie se lleve a engaño, el pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida, ha iniciado un camino sin retorno».

Fue, en todos los sentidos, un debate de guante blanco. La portavoz de Esquerra en la cámara autonómica, Marta Rovira, se detuvo incluso a dar la mano a Rajoy y a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría antes de intervenir en la tribuna. Y arrancó con un «si nos conocieramos más nos apreciaríamos más», para a continuación defender que los catalanes necesitan un Estado propio para garantizar el «bienestar» de sus ciudadanos.

El tercero de los delegados catalanes, Joan Herrera, no argumentó a favor de la independencia porque, de hecho, su formación, Iniciativa, tampoco la quiere. Su argumento fue el de la obligación democrática de dar cauce a la voluntad ciudadana. «Pueden dilatar el debate pero no lo van a poder parar».

Amor y agravios

Formalmente la discusión podría haberse circunscrito exclusivamente a la viabilidad jurídica de la demanda planteada por el legislativo catalán. Pero todas las fuerzas del Congreso tenían claro que, en realidad, ayer se discutía algo más. Eso es lo que llevó a Rajoy a aprovechar la potestad del Gobierno de intervenir en cualquier momento del debate, una decisión esperable, pero guardada con celo durante días para lograr un cierto efecto sorpresa. Fue también lo que convenció a Rubalcaba de que no podía delegar su discurso en ningún otro miembro de su partido. Y lo que, en definitiva, hizo más evidente la ausencia de Artur Mas, reacio a encajar en primera persona, como le ocurrió al lehendakari Juan José Ibarretxe en febrero de 2005, el no aplastante de las Cortes.

El presidente del Gobierno no se limitó a subrayar que la reclamación del Parlament solo es posible mediante una reforma de la Constitución, votada en 1978, subrayó, por el 90,4% de los catalanes -una proporción superior a la media del conjunto de España- también declaró su «amor» a Cataluña y se esforzó por argumentar en contra de las razones esgrimidas por los defensores de la secesión. «No puedo compartir una hipotética historia de agravios, no puedo asumir su relato de opresión», dijo antes de apelar a las cotas de progreso alcanzadas por Cataluña en los últimos años, entre las que citó una renta per cápita del 120% de la media de la Unión Europea en 2007. «Hay muchas cosas sobre las que dialogar, muchos problemas reales que se están viendo pospuestos por atender a los insolubles», añadió. Ahora bien, no concretó cuál es el campo de diálogo que puede mantener el Ejecutivo con la Generalitat catalana.

Sí lo hizo el líder de la oposición, que en su nombre y en el de los diputados del PSC, puso sobre la mesa su propuesta de reforma constitucional para profundizar en los rasgos federales del modelo autonómico. También admitió el líder del PSOE que los catalanes pueden sentirse «decepcionados» por la interpretación restrictiva que el Tribunal Constitucional hizo de su Estatuto, votado en referéndum. Pero dejó claro su rechazo a argumentos como el «España nos roba», que tildó de «profundamente insolidario», tanto, dijo, como los que esgrimen los países del Norte con la Europa periférica.