La Audiencia Nacional libera a ocho narcos egipcios por la reforma de la justicia universal

Primera consecuencia efectiva de la reforma exprés de la justicia universal aprobada a propuesta del grupo popular en el Congreso. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se vio ayer obligado a dejar en libertad a ocho ciudadanos egipcios detenidos en aguas internacionales con 9.851 kilos de hachís en aplicación de la nueva ley. La droga tendría un valor en el mercado más de 56 millones de euros y se ha ordenado su destrucción.

El juez declara la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por consiguiente, el sobreseimiento de las actuaciones y la libertad de los ocho egipcios que fueron detenidos el pasado 6 de marzo en aguas internacionales, cerca del cabo de Gata en Almería. Fue una semana después de restringirse la aplicación de la jurisdicción universal en la Cámara baja tras la presión de los autoridades chinas por el 'caso del Tíbet' y la imputación del expresidente país Jiang Zemin.

La prisión de los narcos egipcios fue acordada por una juez de Almería, que posteriormente se inhibió a favor de la Audiencia Nacional y por reparto recayó la causa en el Juzgado Central de Instrucción cuatro.

En su auto, el juez Andreu explicó que, en aplicación de la nueva normativa en materia de jurisdicción universal, los tribunales españoles no tienen jurisdicción para instruir y perseguir estos hechos, que encajarían en delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros fuera del territorio nacional y en un barco sin bandera de conveniencia.

De las declaraciones que prestaron los marineros tras su detención ante la juez de Almería se desprende que procedían de Alejandría y tras cargar la droga en las costas de Marruecos se dirigían a Libia.

Andreu recordó que, conforme a la nueva ley se podría perseguir estos hechos sí fueran cometidos por españoles (que no es el caso), en territorio español o la nave enarbolara pabellón español. También si el delito fuera a cometerse en territorio español, supuesto que tampoco ocurre ya que la droga iba a Líbia.

En un tono irónico, Andreu concluyó que «a día de hoy no existe cobertura legal para mantener nuestra jurisdicción y, por tanto, no existiendo la misma procede así declararlo». Frente a la fiscalía, el juez consideró que la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes ratificada por España en 1990 no puede aplicarse porque se refiere a la asistencia entre países, pero no da, según él, competencia a la justicia española para juzgar a las personas. Los detenidos se hubieran enfrentado a más de nueve años de prisión.

Varios jueces han criticado la revisión del principio de justicia universal, e incluso, Santiago Pedraz reactivó la polémica al decidir seguir con la investigación por la muerte de José Couso en Irak en 2003.