La ley de la selva avanza en Argentina

Un preocupante fenómeno de violencia social está creciendo en Argentina frente a la falta de una política de seguridad eficaz para combatir la delincuencia. En las últimas semanas, el país asiste a episodios de linchamiento de delincuentes por parte de vecinos que los golpean salvajemente, en algunos casos hasta matarlos. Los ataques se han registrado en la ciudad de Buenos Aires y también en provincias del interior y están desatando una polémica entre quienes repudian el salvajismo de los justicieros y quienes consideran aceptable la brutalidad en vista del supuesto fracaso del Estado para mantener el orden.

«Hay que defenderse como en la selva», comentaba una mujer de la provincia de Córdoba cuya vivienda fue asaltada esta semana por cuatro delincuentes. Un vecino que vio la escena desde la casa de enfrente acudió con un machete y golpeó a los atacantes hasta que huyeron. Las riñas de este tipo ya ocurrían de forma aislada y casi sin cobertura periodística. Pero ahora la prensa destaca cada «hazaña», en un círculo de violencia que no cesa. Se han conocido casos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja o Río Negro.

Según estadísticas penales, en Argentina el promedio de homicidios dolosos no es mayor que los de Chile o Uruguay. Pero la modalidad delictiva que satura a la población es la de los pequeños asaltos cotidianos, sobre todo a mujeres, adolescentes y ancianos. Uno de los episodios más sonados de 'justicia popular' ocurrió en Rosario, donde David Moreira, de 18 años, falleció a causa de los golpes recibidos. El joven, que iba de acompañante en una moto, había arrebatado la cartera a una mujer y permaneció varios días en coma hasta que murió. Los agresores del delincuente, filmados con un teléfono móvil, tienen que responder ahora ante la Justicia por homicidio calificado, mientras las autoridades se limitan a analizar si prohíben o no que en las motos puedan viajar dos personas.

Debate político y jurídico

Preocupada por la furia desatada, la presidenta, Cristina Fernández, explicó que las causas del delito hay que buscarlas en la exclusión y la desigualdad, y dijo que es en este terreno donde trabaja su Gobierno mediante políticas sociales. La mandataria recordó la larga y paciente lucha de madres y abuelas de desaparecidos durante la dictadura (1976-83), que debieron esperar más de 30 años para empezar a obtener reparación y nunca protagonizaron gestos de venganza contra quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a sus familiares. «A nosotras no nos arrebataron un bolso o una cartera. Nos arrancaron a nuestros hijos, hermanos, nietos, y jamás recurrimos a la violencia», declaró Taty Almeida, ya anciana y madre de desaparecidos.

Los linchamientos centran un debate político y jurídico que había comenzado semanas antes a raíz de una propuesta de reforma del Código Penal elaborada por juristas de diversos partidos y que genera polémica. La iniciativa, liderada por el juez de la Corte Suprema y penalista Raúl Zaffaroni, pretende aportar coherencia a una legislación modificada de forma parcial durante décadas.