Esperanza Aguirre se enfrenta a una multa o a una pena de cárcel por desobediencia

Esperanza Aguirre se enfrenta a una multa o, incluso, a una pena de hasta un año de cárcel por un delito de desobediencia a la autoridad. Los agentes de Movilidad del incidente de la Gran Vía que terminaron persiguiendo a la expresidenta de Madrid cuando se dio a la fuga presentaron la madrugada de ayer denuncia formal en la Comisaría de Policía de Leganitos contra la 'lideresa', primer paso para un proceso penal contra la conductora.

Según explicaron fuentes del caso, la gravedad de la sanción a Aguirre dependerá del juez que instruya este caso. La denuncia es por desobediencia, pero el magistrado deberá decidir si es una «desobediencia leve» del artículo 634 del Código Penal, que prevé una multa de diez a sesenta días para «los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones». O si, habida cuenta de la negativa insistente de la dirigente popular a parar el vehículo durante la persecución, puede ser calificada de desobediencia grave, castigada con la pena de prisión de seis meses a un año.

La presidenta del PP, a la vista del informe de la Policía Municipal, va a tener difícil convencer de su versión de que no se dio a la fuga y que en todo momento atendió los requerimientos de los agentes. Según el atestado, la 'lideresa', en diversas ocasiones, hizo «caso omiso» a las indicaciones, tanto de los policías locales como de los funcionarios de Movilidad.

La Policía Municipal explica que su intervención tuvo lugar a las 16.15 horas frente al número 44 de Gran Vía, cuando se percató de que los agentes de Movilidad estaban multando a la conductora de un Toyota Versus blanco. Afirman los funcionarios que tuvieron que actuar «señalizando» la zona para «canalizar el tráfico y proteger la integridad del agente de Movilidad debido a la gran intensidad de vehículos», lo que contrasta con la versión de Aguirre de que aparcó en el carril bus porque «no había ni un alma» circulando.

Según los policías, vieron una «breve conversación» entre Aguirre y uno de los agentes que terminó cuando la conductora, «en el momento que se le iba a notificar la denuncia comienza a realizar maniobras con la intención de iniciar la marcha y haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes de Movilidad para que detuviera el vehículo, golpeando con el lateral derecho del vehículo la motocicleta que se encontraba delante, tirándola al suelo». Este punto también contrasta con la 'verdad' de Aguirre, que ha sostenido que la moto se cayó sola porque estaba «malísimamente aparcada» o que, todo lo más, la rozó.

También hay muchas discrepancias sobre la huida por Gran Vía, que la expresidenta niega y la policía confirma. Los municipales «seguidos de los agentes de Movilidad actuantes salen tras el vehículo, llegando a circular de forma paralela e indicando de forma verbal que detenga el mismo, haciendo (la conductora) caso omiso de las órdenes de estos agentes». De hecho, apunta el atestado, Aguirre no paró el coche hasta llegar a su casa en el cercano barrio de Malasaña, metiéndose directamente en el garaje de su casa.

Bolinaga

La denunciada, lejos de pedir disculpas como hizo el jueves, ayer atacó con todo el arsenal a los agentes de Movilidad, a los que acusó de haberla retenido de manera ilegal, de haberla tratado de forma «machista» y de buscar la foto de la política multada. «La cara del agente cuando vio quién era yo, fue como la de alguien cuando se frota las manos», llegó a decir en una de la multitud de entrevistas y declaraciones que concedió. «Menos mal que he cometido una infracción de aparcamiento porque si hubiera atropellado a un peatón estaría peor que Bolinaga», dijo comparándose con el preso etarra enfermo de cáncer.

La dirigente del PP ironizó con el ataque ansiedad que sufrió uno de los funcionarios «por multar a una señora famosa» y bromeó con que se necesitaron «seis agentes de Movilidad» para enfrentarse a «una sexagenaria» que es «gravemente peligrosa». Y, sobre todo, se mantuvo firme en su decisión de no dimitir como presidenta de los populares madrileños porque «en cualquier otro país un político no dimitiría en similares circunstancias».

La alcaldesa de Madrid, sin llegar a censurar a Aguirre, salió en defensa de la profesionalidad de los agentes de Movilidad que, dijo, «tienen presunción de veracidad». «La Ley es igual para todos», apuntó Botella. Idéntica expresión a la que salió de la boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando fue preguntada al respecto.