La disolución del Centro de Técnicas Industriales se resolverá en los tribunales

La Junta y el Ayuntamiento conformaban el Consorcio que gestionaba el Centro de Técnicas Industriales, un equipamiento destinado a cursos de formación para el sector naval y que la Administración regional decidió llevarse a diferentes institutos de la provincia. Tras perder la actividad que albergaba su nave, ubicada en el polígono de Fadricas, lo que quedaba por resolver era su figura jurídica, es decir la disolución del ente que conformaba el Consorcio.

La reunión se llevó a cabo el pasado martes y tras no haber acuerdo, la Junta aprobó su separación dejando al Ayuntamiento solo para afrontar las deudas de un ente que según el alcalde, José Loaiza, «ha gestionado siempre la Junta y tomado todas las decisiones pertinentes a su funcionamiento». Es por ello que desde el Consistorio se acudirá a los tribunales para paralizar el proceso y evitar quedarse con unas trampas que podrían ascender a más de tres millones de euros.

Y es que no se llegó a ningún acuerdo para su disolución porque al equipo de Gobierno local hay cosas que les «huelen mal» de las cuentas y considera que es un «fraude de ley» la forma en la que se ha ido la Junta de Andalucía del Consorcio. Precisamente lo que se pedía por parte del Consistorio era la aclaración de las cuentas, incluir un punto para debatir la separación del Ayuntamiento del Consorcio y la explicación de la documentación.

«Pero no hubo oportunidad de nada porque no se atendieron nuestras peticiones y la Junta se fue. No entendemos muchas cosas y lo único que queremos es una explicación para llegar a un acuerdo y cerrar del todo este centro, que ya está cerrado, porque allí no hay actividad ninguna. La Junta decidió llevárselo y nosotros no pudimos hacer nada».

Loaiza aseguró que el Consorcio le reclamaba dinero al Ayuntamiento por una serie de impagos. El primer edil no niega que se deba dinero por parte municipal, pero lo que no entiende es que en las reclamaciones que se hacen no se detalle los pormenores de lo que tendría que abonarse. «Es sencillo porque dicen que tenemos que pagar 900.000 euros, pero no nos dicen por qué tenemos que pagar ese dinero. Yo tengo consignado para pagar 500.000 euros y dispuestos a ingresarlos en el momento en el que me expliquen en qué consiste la deuda».

Todo ello cuando la propia Delegación de Educación requirió al Consorcio la devolución de una subvención de casi dos millones de euros y se estima que existen impagos del alquiler que superaría el millón de euros. Al no disolverse el Consorcio e irse la Junta, el Ayuntamiento es el que debería de hacer frente a estas reclamaciones, motivo por el que ha decidido acudir a los tribunales.

«Yo solo digo que las cosas no están claras, que hay cosas que huelen muy mal y no quieren explicar y así comenzaron los ERES. No sabemos los motivos de que todo sea tan oscuro y sus prisas por irse. Pues entonces tendrán que ser los juzgados los que aclaren estas cuestiones».