La Fiscalía apoya que el Constitucional vea la derogación de la justicia universal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se sumó ayer a las peticiones de algunos jueces para que el Tribunal Constitucional aclare si la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno vulnera o no derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva o el principio de independencia.

El máximo representante del Ministerio Público no avanzó la posición que mantendrá la Fiscalía de la corte de garantías en caso de que la Audiencia Nacional, como todo parece indicar, eleve cuestiones de inconstitucionalidad en aquellas causas cuyo archivo es más dudoso. Sin embargo, aseguró que los miembros del Constitucional deberían examinar y pronunciarse sobre los cambios legales por tratarse de un asunto «trascendente» para los órganos judiciales afectados.

Torres-Dulce reveló que en su nombre y el del Consejo Fiscal se quejó por carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por la tramitación exprés de la reforma de la justicia universal en el Congreso, que reduce a la mínima expresión su aplicación en la Audiencia.

Argumentó que le hubiera gustado que un cambio legal de ese calado se hubiese realizado por la vía del proyecto de ley con los informes consultivos del Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. En cambio, señaló, se prefirió tramitar en la cámara la proposición de ley del grupo parlamentario del PP con el procedimiento de lectura única que impide introducir enmiendas al texto propuesto. Algo que respeta, pero no apoya.

«Nos hubiera gustado que el Gobierno nos hubiera consultado», comentó ayer en su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que dijo que los fiscales de la Audiencia le hicieron llegar un escrito técnico acerca de «algunas deficiencias» del sistema que «podrían dificultar actividades que no son de justicia universal, sino que son operaciones de narcotráfico y de terrorismo».

El fiscal general afirmó que el Ministerio Público de la Audiencia Nacional estudia la decena de causas abiertas que se han visto afectadas por la reforma. En el centro de la polémica está el sumario sobre el genocidio en el Tíbet, por el que está imputado el expresidente chino Jiang Zemin, que fue el origen de las restricciones de la jurisdicción universal por las presiones chinas al Gobierno de España.

El caso de los jesuitas

Pero este proceso tiene pocos visos de prosperar, no así la causa por el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989, que instruye el juez central de instrucción Eloy Velasco. Esta investigación podría salvarse de la quema en tanto en cuanto el magistrado considera que los delitos se enmarcan en la tipificación de terrorismo y dejarían de tener carácter de lesa humanidad. Si el Tribunal Supremo confirma este extremo el caso eludiría las restricciones introducidas por el Congreso.

Sobre este asunto, la Fiscalía de la Audiencia se mostró ayer favorable a que la Sala de lo Penal del tribunal central decida el futuro del sumario, pese a que el juez Velasco es partidario de que el Supremo resuelva la cuestión de competencia.

En su recurso de reforma, el fiscal Pedro Martínez Torrijos discrepó de la decisión de Velasco de mantener la acusación por terrorismo a veinte militares salvadoreños acusados de las muertes de los seis jesuitas y retirar la de lesa humanidad atendiendo a que la reforma de la justicia universal estipula que un juez español solo puede investigar este último delito cuando los imputados sean españoles o residentes en España. Por ello, reclamó al juez que revoque el auto en el que acordaba mantener la causa, cierre el caso y lo eleve a la sala. Una petición similar a la del juez Santiago Pedraz en el 'caso Couso'.