Investigan si la última oposición a policía local de Puerto Serrano estuvo amañada

Una sentada en señal de protesta frente al polideportivo de Puerto Serrano a finales de enero de 2012. Ésa fue la primera señal de descontento que mostraron los aspirantes a una plaza de policía local en Puerto Serrano. La convocatoria pública para cubrir tres puestos suscitó el interés de 353 opositores que se enfrentaron en un proceso que desde la primera prueba estuvo bajo sospecha. Esas primeras suspicacias se tradujeron en varias denuncias y en la apertura de una investigación penal que a día de hoy ha supuesto la imputación de los cinco miembros del tribunal por un delito de prevaricación, dos de ellos son los jefes de la Policía local de La Puebla de Cazalla (Sevilla) y Arriate (Málaga). Los otros tres también son agentes y oficiales de plantillas municipales andaluzas.

Las denuncias presentadas por varios opositores aseguraban que el proceso había sido amañado; sin embargo fueron archivadas por el juzgado nº 3 de Arcos. La Fiscalía Anticorrupción recurrió en junio del año pasado y solicitó la reapertura de las diligencias ante la existencia de nuevas pruebas que podrían acreditar que el proceso había sido manipulado para favorecer a determinados aspirantes. Una de las tres plazas en concurso fue adjudicada al que fuera yerno del exalcalde de Puerto Serrano pese a que había suspendido el examen teórico.

A nivel político, este caso abre una nuevo frente judicial en el Ayuntamiento de la localidad serrana, gobernado hace décadas por IU. Y sobre todo señala a su exregidor, Pedro Ruiz, inhabilitado tras ser condenado por prevaricación. En este asunto ya ha tenido que declarar como testigo al ser quien seleccionó a los miembros del tribunal calificador. También se investiga si tuvo alguna influencia en el resultado final del proceso, según confirmaron fuentes del caso.

El candidato que quedó número uno en el listado definitivo de admitidos es el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera; el siguiente es un hermano de un agente en activo de la plantilla polichera y el tercer aspirante que consiguió plaza fue yerno de Pedro Ruiz cuando se convocó la oferta pública y se realizaron las pruebas de selección. Ahora ya no es pareja sentimental de la hija del exregidor, según han declarado varios testigos ante el juez.

Pasar la mano

Los exámenes se desarrollaron a principios de 2012. Antes de que concluyera el proceso ya había aspirantes que se quejaron ante el tribunal por irregularidades. Las pruebas estaban compuestas, por este orden, de un bloque físico, un psicotécnico y un test de cien preguntas. Para conseguir una de las tres plazas, el aspirante debía aprobar todas las partes de la oposición. El suspenso en una de ellas conllevaba la eliminación en el proceso, según constan en las bases del concurso.

Aprobar sin llegar al 5

En una prueba de salto, varios aspirantes resultaron suspensos, entre ellos el que a la postre se convertiría en el número uno en la oposición, el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera. Sin embargo, cuatro días después de realizarse el examen físico, el tribunal alegó que un error técnico -una máquina que medía la longitud del salto vertical supuestamente falló- había invalidado los resultados y se debía repetir la prueba, pero sólo convocó a los que no la habían superado. Denunciantes y Fiscalía sostienen que si hubo un error técnico en las mediciones afectó a todos los aspirantes y no a un reducido grupo. Curiosamente, el polémico aparato que falló lo tuvo durante cuatro días uno de los miembros del jurado, agente en activo en Antequera, cuyo jefe es suegro de uno de los que habían suspendido.

Pero la prueba que esgrimió Anticorrupción para basar la reapertura de las diligencias fue que el aspirante que quedó en tercer lugar, exyerno de Pedro Ruiz, obtuvo una plaza pese a que en el examen teórico no alcanzó la nota mínima de 5. Se quedó en un 4,7 que lo dejaba automáticamente fuera de la oposición.

La investigación está en pleno desarrollo y es muy probable que en próximas fechas se produzcan nuevas imputaciones. Los cinco miembros del tribunal ya han declarado como imputados. Todos se acogieron a su derecho a no responder a la preguntas del juez y sólo lo hicieron a las de sus abogados.