Anticorrupción pide a Alaya que el caso de los ERE pase ya al Supremo

La Fiscalía Anticorrupción se sumó ayer formalmente a las partes implicadas en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía que piden que la juez Mercedes Alaya eleve al Tribunal Supremo la parte de la causa referida a los aforados, entre los que se encuentran los expresidente autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entiende que la investigación ha llegado al límite, y dadas las dimensiones que alcanza ya la macrocausa reclaman que al mismo tiempo se trocee el procedimiento para «simplificarlo y activarlo».

Anticorrupción explica en un escrito remitido ayer al juzgado que una vez que la Intervención General del Estado presentó el informe pericial en el que analizaba la legalidad del procedimiento administrativo usado por la Junta para pagar los ERE, la trama más política de la investigación está ya «agotada», por lo que se deben elevar al Supremo las diligencias referidas a las siete personas señaladas como aforadas en septiembre de 2013. Es el caso de los dos expresidentes andaluces y otros cinco exconsejeros regionales de las áreas de Empleo, Economía y Hacienda entre 2000 y 2011.

No es la primera vez que alguna de las partes se muestra a favor de desglosar la causa y elevarla al Supremo. La propia Audiencia de Sevilla así se manifestó en octubre de 2013, cuando apuntó que «cabría pensar que poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento».

Poco después, Alaya respondió que la causa era indivisible ya que «en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas». Entre ellas, «los diferentes cargos políticos y técnicos» de la Junta de Andalucía que «en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas».

Resquicio abierto

La juez solo dejó un resquicio para la escisión: que se mantuviera la unidad jurídica de la causa, un punto que algunas fuentes judiciales situaron precisamente en la elevación al Supremo de la parte de los aforados. La Fiscalía intenta abrir ahora esa puerta y aprovecha para hacer la causa más manejable, permitiendo avanzar en la instrucción al mismo tiempo que se reduce el riesgo de que prescriban delitos.

Recuerda en su escrito que la causa incluye 126 expedientes de ayudas de prejubilación y 275 de subvenciones directas, lo que pone de relieve no solo la extensión y complejidad sino «lo incierto de un horizonte temporal». De esta manera, propone que, además de la referida a los aforados, se hagan piezas separadas con cada expediente de ayuda sociolaboral o directa, y otra pieza específica sobre el cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras. Todas ellas quedarían en manos de Alaya.

La Fiscalía justifica esta división en que «el menoscabo de fondos públicos» provocado por el caso de los ERE «no se ha restringido a los intrusos, sino que realmente las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Empleo a través de su Dirección General de Trabajo se han venido realizando sin sujeción al procedimiento legalmente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas».

Troceo ordenado

En este sentido, agrupa los hechos delictivos en cuatro grupos, encabezados por los intrusos o personas ajenas que fueron incluidas en las regulaciones de plantilla. Otro grupo lo conforman las ayudas sociolaborales en sí mismas, que vulneraron «los más elementales principios configuradores de la actividad prestaciones de la Junta de Andalucía». En tercer lugar se sitúan las denominadas ayudas a empresas, otorgadas con «el más absoluto desconocimiento del procedimiento legalmente establecido» y que en algunos casos acabaron «a disposicion de los cargos públicos que lo gestionaban o en círculos próximos a los mismos». Por último, los fiscales apuntan al «enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos, y agentes que cobraron sobrecomisiones a causa de la falta de control» en las pólizas «que sistemáticamente eran abonadas por la Junta de Andalucía sin estar sujeto a procedimiento alguno».

La petición de la Fiscalía Anticorrupción no obtuvo respuesta inmediata de la juez Alaya y solo fue comentada por el PP de Andalucía, que pese a mostrarse a favor de que «se conozca toda la verdad lo antes posible», evitó respaldarla. Así hizo hincapié en que «las prisas no son buenas» y argumentó que «día tras día» se conocen nuevas informaciones sobre el caso que salpica a cargos socialistas.