La Fiscalía urge a Alaya a elevar al Supremo la causa de los ERE referida a Chaves y Griñán

La Fiscalía Anticorrupción da un nuevo aviso a la jueza Mercedes Alaya y esta vez le urge a elevar el caso de los ERE al Tribunal Supremo en lo que atañe a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados a los que la magistrada señala en la causa como preimputados. Los exconsejeros son: José Antonio Viera y Manuel Recio (Empleo); Francisco Vallejo (Innovación); Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y Antonio Ávila (Economía y Empleo). Todos ellos son diputados menos Griñán que es senador. Por este motivo solo un tribunal de rango superior al de Alaya puede investigarles.

En el escrito presentado ayer ante el juzgado 6 de instrucción del que es titular Alaya, los fiscales adscritos al caso, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, vuelven a pedir a la magistrada la división del sumario en piezas dado «el elevado número de expedientes» y su «complejidad», pero esta vez concretan las partes: Una pieza separada de cada expediente de regulación de empleo (ERE donde se incluyen los 'intrusos') o ayuda directa a empresa; otra sobre la determinación, pago y destino de las llamadas sobrecomisiones, es decir, las 'mordidas' de mediadores como Juan Lanzas y los desmesurados corretajes de abogados, aseguradoras y sindicatos; y una tercera referida al denominado «procedimiento específico», o lo que se ha llamado la rama política del caso.

Diseño ilegal

Esta parte hace referencia al diseño del fondo de los ERE o sistema de concesión de las ayudas, que la jueza considera ilegal e ideado por decisión política para sortear el control de la intervención previa y favorecer subvenciones de forma arbitraria. Por ello atribuye los delitos de malversación y prevaricación a parte de la cúpula de los gobiernos socialistas de una década (desde 2000 a 2011). Ha imputado a una veintena de excargos de la Junta, entre ellos Magdalena Álvarez, a los que considera artífices o conocedores del sistema ilegal; y ha señalado como 'preimputados' a siete excargos aforados, entre ellas los expresidentes, en dos polémicos autos.

La magistrada utilizó un hueco legal contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para advertir a aforados que pueden ser sospechosos de un delito, dándoles de esta forma la oportunidad de que se defendiesen con letrado si se personaran en la causa como imputados. Ninguno lo ha hecho y todos recurrieron.

Causa inescindible

La Audiencia de Sevilla ya advirtió a la magistrada en noviembre que debía dejar ir la causa política al Supremo, pero la jueza desoyó sus recomendaciones y alegó en un auto que la investigación es «inescindible» y en otro que estaba a la espera de nuevas pesquisas de la Guardia Civil y de la Intervención del Estado, aunque avanzaba que el final de la instrucción «está cerca». La jueza pretendía con ello retener todo el sumario y no dejarlo ir al Supremo hasta culminar la instrucción.

Pero ahora la Fiscalía plantea una tesis totalmente contraria a la de la magistrada. Por un lado entiende que la investigación sobre el diseño político de los ERE ya está «agotada» en su sede judicial «en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero» y agrega que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la ley de enjuiciamiento criminal, «se debe proceder a elevar el conocimiento de la pieza relativa a 'procedimiento específico' al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas».

El ministerio público recuerda a la jueza que desde diciembre ya tiene el informe pericial de la Intervención del Estado que le da la razón sobre el fondo de los ERE (incluso critica a los responsables políticos), por lo que no ve necesario más dilación. Insta a la magistrada a elevar al alto tribunal los «hechos concretos de los que existan indicios sólidos de la presunta participación de estas personas , y otras en su caso , sin que conlleve un mayor retraso en la investigación de aquellos que no presenten conexión con los mismos, más allá del diseño y ejecución del denominado procedimiento específico descrito».

Por otro lado, al instar a la división en varias partes hasta su enjuiciamiento, están proponiendo la celebración de juicios a medida que, por ejemplo, se vayan cerrando los sumarios de cada uno de los expedientes de ayudas investigados, lo que implica una teoría contraria al trabajo de la magistrada, insistente en mantener unida la causa hasta un macrojuicio, aún a sabiendas que al haber aforados parte iría al Supremo.

Los fiscales justifican su propuesta por «el elevado número de expedientes, la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones que se deriven (hay ya 144 imputados), la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados» y «lo incierto del horizonte temporal de la instrucción de esta causa». Recuerdan que varias veces han pedido sin éxito un calendario de actuaciones a Alaya.

Recuento

El escrito además sirve de recapitulación de una instrucción que dura ya tres años (las primeras diligencias se incoan el 19 de enero de 2011). Los fiscales recuerdan que hubo tres procedimientos de las ayudas desde 2000 a 2011 (convenios individuales, transferencias de financiación y encomienda de gestión). También concretan que en este tiempo hubo con cargo a la partida 31L de Empleo 126 ERE pagados por 582.189.272 euros; y otros 275 expedientes de ayudas a empresas pagados por 127.761.211. (710 millones de euros). También apuntan como novedad el «presunto ilícito enriquecimiento» de algunas empresas beneficiadas con un expediente de regulación de empleo o subvención.